La reforma obligada

La reforma obligada

Noviembre 27, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Se supone que el presupuesto quedará balanceado, prolongando impuestos que parecen ya imposibles de desaparecer, a pesar de su impacto en la actividad productiva o de interferir el flujo de dinero. Y creando sobretasas que, aunque se digan temporales, tienen toda la perspectiva de seguir el mismo camino. Eso explica el reclamo de los empresarios que ven en la propuesta un motivo inseguridad económica, producto de la necesidad de financiar los gastos del Estado.

Ayer, las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley que reforma el estatuto tributario. De nuevo, la necesidad de financiar el gasto público en el corto plazo se impone a la obligación de mantener un sistema que responda al deber de promover equidad y estabilidad en el manejo de los impuestos. Según se desprende del proyecto presentado por el Gobierno, no hay nada revolucionario en la propuesta. Se trata de cubrir un desbalance de $ 12, 5 billones en el presupuesto para la vigencia del próximo año. Sus causas están bien definidas: $7,8 billones menos recibirá la Nación a causa de la disminución en el recaudo al eliminar el Impuesto al Patrimonio de los Grandes Contribuyentes, y a la desaparición paulatina del Gravamen a las transacciones financieras. Y se calcula que deberán restarse $4,7 billones más, por la caída de los ingresos generados por el sector minero energético, debido a “los atentados terroristas, los reclamos sociales y laborales de las comunidades” y por “temas operativos de la actividad” la forma de denominar la caída en los precios de los minerales y, en especial, del petróleo. ¿Qué se propone? Tres cosas fundamentales: un impuesto a la riqueza, ligeramente distinto al impuesto patrimonial pero con el mismo propósito, generar para el fisco $6,2 billones. Revivir el gravamen a las transacciones financieras, el 4 por mil, que debe producir $ 3,4 billones. Y crear una sobretasa al impuesto a la renta para la equidad, conocido como CREE, de lo cual se espera un ingreso adicional de $2,5 billones, los cuales serán de libre destinación. Se supone que el presupuesto quedará balanceado, prolongando impuestos que parecen ya imposibles de desaparecer, a pesar de su impacto en la actividad productiva o de interferir el flujo de dinero. Y creando sobretasas que, aunque se digan temporales, tienen toda la perspectiva de seguir el mismo camino. Eso explica el reclamo de los empresarios que ven en la propuesta un motivo inseguridad económica, producto de la necesidad de financiar los gastos del Estado. En todo lo propuesto no aparece el ahorro que se prometió hace cuatro años cuando se habló de una bonanza en hidrocarburos y de crear mecanismos para enfrentar “la época de las vacas flacas”. No parece haber sido así, y ya se puede decir que los departamentos y municipios verán reducidos los recursos del sistema general de participaciones. Y, a pesar de algunas propuestas para sancionar los evasores, incluida la cárcel, quedó patente la poca disposición para combatir un fenómeno que se queda con más de $50 billones de los impuestos anuales. Atendiendo el reclamo de los empresarios sobre la colcha de retazos en que se convirtió el estatuto tributario, el presidente Juan Manuel Santos habló de realizar la reforma estructural en el 2015. Esa es una necesidad que también viven los asalariados del país, que sienten el peso de un Estado que gasta sin límite, cuida poco sus ingresos y no ahorra como debería para cuando lleguen épocas como las que se espera a raíz de la caída en el precio del petróleo.

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