La quiebra del Valle

Pero queda también la obligación de identificar los responsables de la ruina. Y lograr que los entes de control y la justicia llamen a rendir cuentas a quienes por acción, omisión o complicidad, fueron partícipes de la quiebra del Departamento.

En mayo pasado, cuando el Departamento se acogió a la Ley 550, sus deudas superaban el medio billón de pesos. De ese monto, $112.000 millones no contaban con soporte de pago, razón que llevó a la gobernadora encargada a solicitar la medida excepcional.Esta semana el gobierno departamental reveló que el escenario financiero es mucho más complejo. En un primer diagnóstico presentado ante la Asamblea, la administración de Ubeimar Delgado dijo que heredó obligaciones por $104.494 millones, algunas de ellas hasta con cinco años de mora. Tan solo del año pasado hay cuentas pendientes de pago por $59.841 millones y 120 días de mora en promedio. Además, el Departamento tiene embargos por $83.086 millones, así como 3.064 procesos judiciales que cursan en su contra por $762.401 millones. Si bien los Diputados otorgaron facultades al Gobernador para refinanciar los pasivos siguiendo las directrices de la Dirección de Ajuste Fiscal del Ministerio de Hacienda, hay preocupación ya que “las cifras que se presentan son aproximadas a la realidad más no definitivas”, según dijo el secretario de Hacienda del Valle. Es decir, la verdad no se conoce aún. El desgreño que hoy tiene postrado al Departamento empezó hace más de 10 años. Pero se agudizó con la llegada de Juan Carlos Abadía a la Gobernación y sus prácticas clientelistas que comprometieron el futuro de la entidad. Además, la Asamblea aprobó una reforma administrativa que dio vida a diez dependencias con las cuales sació el apetito burocrático de sus aliados. Y mientras la voracidad destruía servicios como la salud y la educación o entidades como la Industria de Licores, el principal generador de ingresos, fueron aprobados proyecto tan temerarios como las vigencias futuras, que condenaban al Valle a pagar tres veces obras de cuestionable importancia. Entre tanto, los sistemas contables desaparecieron, haciendo imposible un control inmediato al manejo de los recursos públicos.Tal vez lo que mejor refleja la forma en que las rentas y los presupuestos del Valle fueron cooptados por el clientelismo y la politiquería, es el manejo dado a la Industria de Licores, donde las cosas llegaron a tal extremo que la Contraloría calculó en más de $44.000 millones el detrimento patrimonial causado a la entidad con un solo contrato, y condenó a Abadía y sus compadres a devolver dichos recursos de su propio bolsillo.El reto del actual Gobernador es entonces devolverle la vida al Valle, resolviendo la tragedia de su deuda, deteniendo los carteles de las demandas, reformando su estructura administrativa para adecuarla a la capacidad real del Departamento y asegurando la manera de incrementar su capacidad de inversión. Es el momento para devolverle la credibilidad y para lograr que los recursos nacionales lleguen a todos los vallecaucanos sin distingo. Pero queda también la obligación de identificar los responsables de la ruina. Y lograr que los entes de control y la justicia llamen a rendir cuentas a quienes por acción, omisión o complicidad, fueron partícipes de la quiebra del Departamento.