La protesta y la violencia

Esta semana debe realizarse un nuevo paro de dos días, esta vez promovido por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, “con el propósito de exigir mayor financiación para las universidades públicas”. Petición seria que difícilmente puede ser atendida sin consultar las realidades del país, y que tampoco podrá resolverse a punta de paros como el que se promueve, en el cual no está garantizado su blindaje contra la infiltración de quienes ven en esas protestas y reclamos la oportunidad de sembrar el caos y el desorden.

De nuevo, los paros parecen retornar a la primera plana del acontecer nacional. Si ahora regresa la violencia y los bloqueos, como lo están insinuando algunos de los promotores de esas movilizaciones, sería un desafío inaceptable para los colombianos. Entre el 18 de agosto y el 9 de septiembre pasados, el país fue conmocionado por la protesta social que tomó cuerpo en el paro agrario. Distintas regiones del país sufrieron la mala experiencia del bloqueo en sus vías de comunicación, y en algunas zonas como en Bogotá, de la violencia y el vandalismo. Protesta legítima sin lugar a dudas, lo que fue aprovechado de manera evidente por sectores empeñados en sembrar zozobras y producir traumatismos con intereses muy distintos a los intereses de los campesinos y a buscar respuestas a sus problemas. Veinte días después de iniciada, el Gobierno Nacional logró un acuerdo con los organizadores de la protesta, adquiriendo compromisos serios a cambio de levantar los bloqueos y permitir que retornara la tranquilidad. Por su parte, los representantes de los sectores que protestaban aceptaron levantar las tomas de las vías sin que ello significara el fin del paro. Al contrario, sus voceros expresaron que se mantendrían vigilantes sobre el cumplimiento de los compromisos como requisito previo a la terminación de su movimiento. A partir del momento en que se logró el acuerdo, el Gobierno ha empezado a tomar decisiones para responder a sus compromisos. Decisiones que en muchos casos no tienen resultados inmediatos, y que en otros casos demandan acciones en las cuales se involucra el Congreso de la República. Lo que significa tener paciencia, partiendo del principio de buena fe y pensando en que las transformaciones que esperan los movimientos campesinos no pueden tener efectos en el corto plazo de un mes, como lo pretenden quienes ahora amenazan con revivir la movilización.Por otra parte, esta semana debe realizarse un nuevo paro de dos días, esta vez promovido por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, “con el propósito de exigir mayor financiación para las universidades públicas”. Petición seria que difícilmente puede ser atendida sin consultar las realidades del país, y que tampoco podrá resolverse a punta de paros como el que se promueve, en el cual no está garantizado su blindaje contra la infiltración de quienes ven en esas protestas y reclamos la oportunidad de sembrar el caos y el desorden. Así, la protesta social parece tener una nueva expresión a partir de la semana que comienza. Sin embargo, la experiencia demuestra que los colombianos estamos expuestos de nuevo a la utilización de las vías de hecho que pretenden presionar al Gobierno para que tome decisiones que favorezcan. Estamos entonces ante unos hechos que tienen dos resultados. El uno, la protesta social legítima, que debe ser escuchada como la voz de una sociedad necesitada de cambios y ajustes. El otro es el aprovechamiento artero que las transforma en vías de hecho para causar daño a toda la sociedad. El primero es necesario para la democracia y para la salud de la Nación. El segundo es la expresión del chantaje por medio de la violencia que no puede ser aceptado.