La protesta social

Lo que fue un reclamo justo por la crisis de los cultivadores, las difíciles condiciones de la caficultura y las respuestas que se quedan cortas ante las dimensiones que tiene el problema desde el punto de vista social, se ha convertido en un paro que amenaza la tranquilidad de los colombianos.

Pasados nueve días del paro que lleva a cabo parte del gremio cafetero, el movimiento se alarga, produce perjuicios para importantes sectores de la comunidad y afecta a ciudades enteras en asuntos tan sensibles como las comunicaciones, la salud o el abastecimiento de alimentos. Tiempo para preguntarle a sus organizadores si las decisiones del Gobierno, su interés en buscar soluciones y su tolerancia al respetar el derecho a la protesta no les parece suficiente para levantar el bloqueo que lesiona ya a millones de colombianos. Suficiente prueba de tolerancia y respeto han dado las autoridades, al permitir que las manifestaciones lleguen a las dimensiones que han alcanzado. Mientras es difícil conocer la posición oficial de los comités que conforman la institucionalidad de la Federación Nacional de Cafeteros con respecto a la protesta, en regiones como el Cauca, Nariño y el Caquetá se están presentando bloqueos y disturbios donde es fácil encontrar la mano de las Farc agudizando el conflicto. Así, lo que fue un reclamo justo por la crisis de los cultivadores, las difíciles condiciones de la caficultura y las respuestas que se quedan cortas ante las dimensiones que tiene el problema desde el punto de vista social, se ha convertido en un paro que amenaza la tranquilidad de los colombianos. Que debe tener un final próximo sin que ello implique renunciar a la obligada búsqueda de soluciones. Por el contrario, persistir en el bloqueo significa desconocer los derechos de la inmensa mayoría de colombianos, incluidos muchos cafeteros que padecen sus consecuencias.De otra parte, los camioneros entraron en paro, reclamando reivindicaciones antiguas y difíciles de aceptar. Tomando como pretexto la inconveniente alza de los combustibles decretada por el Ministerio de Minas y Energía en aplicación de una fórmula que no consulta la realidad del país, los dirigentes del movimiento obstaculizaron carreteras para respaldar exigencias como la rebaja del Acpm en dos mil pesos y el bloqueo a la importación de vehículos. Además de romper las conversaciones con el Gobierno, el paro no parece ser una coincidencia fortuita con el que adelantan los cafeteros. La pregunta es hasta dónde puede llegar la protesta social si el Gobierno está dispuesto a escuchar y tiene unos límites presupuestales. Más aún cuando su efectos causan daños graves a la sociedad y se prestan para generar dificultades como el bloqueo de vías y la consecuente escasez de alimentos y suministros que ya padecen ciudades como Popayán y la misma Cali. Nada puede llevar a que protestas de sectores de la comunidad, así parezcan razonables, terminen por golpear la armonía de la Nación. Colombia es un Estado Social de Derecho que respeta la protesta. Aquí hay derechos para los ciudadanos pero también obligaciones que cumplir. A los manifestantes se les debe recordar que las autoridades han demostrado su voluntad de buscar soluciones. Y al Gobierno, que su deber es mantener la concordia de los colombianos por encima de los chantajes y las vías de hecho, desconocedores de la Constitución que garantiza el derecho a la protesta social.