La protección a los jueces

Marzo 25, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Para cualquier persona con criterio es fácil deducir que la actividad de dictar justicia en Colombia es de alto riesgo. Y que de la amenaza no se salvan los jueces y fiscales que cumplen su labor en ciudades como Cali, donde se han presentado numerosos atentados contra miembros de la rama judicial".

Es imposible dudar de que el vil asesinato de la juez Gloria Constanza Gaona cuando se bajaba de un bus de transporte público en Saravena, Arauca, es un atentado contra la Justicia en Colombia. Por eso, el encontrar a sus autores y darles el castigo que merecen es una obligación del Estado.A cargo de la juez Gaona estaban 66 procesos, tan delicados como el que se sigue contra un oficial del Ejército por el asesinato de los tres niños Torres en Tame, o aquellos que vinculan a miembros del ELN y de las Farc. Pese a ello, y a que su jurisdicción estaba precisamente en una de las zonas donde aún se siente la presencia de la guerrilla, no tenía a su alrededor medidas de protección. Algún funcionario afirmó que ella no lo había solicitado, mientras otro decía de nuevo que es imposible ponerle guardaespaldas a cada uno de los jueces que existen en la República.Infortunadamente, tales criterios parecen hacer carrera, producto de la insensibilidad que crece en la sociedad ante la ocurrencia de esos hechos. Triste tener que reconocer que en Colombia ya no se producen movilizaciones sociales para condenar el crimen y rechazar asesinatos como el de la Juez de Saravena, a cambio de lo cual se desatan especulaciones acerca de las causas que motivaron los hechos. Es una especie de morbo que adormece la obligación moral de protestar contra las conductas antisociales, vengan de donde vengan.Llama la atención que sin un solo indicio siquiera, sin conocerse aún algún pronunciamiento de la justicia, se levante el dedo acusador contra el teniente señalado de dar muerte a los tres menores, y que se dejen de lado los demás casos que la juez Gaona tenía en su despacho. ¿Acaso alguien tiene las pruebas? Y si las tiene, ¿por qué no las presenta? Lo anterior no implica exonerar a quienes son acusados por esos hechos. Pero sí es una alerta sobre la necesidad de actuar con rapidez para encontrar la verdad y castigar a los responsables.El asesinato de la Juez también debe generar conciencia sobre la necesidad de proteger a la justicia de las amenazas de los criminales. Para cualquier persona con criterio es fácil deducir que la actividad de dictar justicia en Colombia es de alto riesgo. Y que de la amenaza no se salvan los jueces y fiscales que cumplen su labor en ciudades como Cali, donde se han presentado numerosos atentados contra miembros de la rama judicial. ¿Qué decir entonces de quienes desempeñan una función vital para el Estado de Derecho en zonas apartadas como Arauca y para lograr que los colombianos que habitan allí puedan vivir en paz?Colombia debe tener siempre presente la importancia de los jueces y de su labor, ni más ni menos que la búsqueda de la verdad sobre los hechos que atentan contra los derechos de muchas personas. Por eso, y antes que especular sobre su asesinato, o de expedir declaraciones oficiales que traten de evadir la responsabilidad, el país debe preguntar es por qué la juez Gloria Constanza Gaona no tenía las condiciones de seguridad idóneas que la protegieran de la amenaza contra su vida.

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