La propuesta del Fiscal

La propuesta del Fiscal

Mayo 03, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Todo el asunto gira alrededor de las consecuencias que tiene la posibilidad de aplicar la justicia transicional para terminar el conflicto. Una de ellas, quizás la más importante, es la necesidad de la sociedad de asegurar que quienes hayan generado la violencia y causado daño respondan ante las víctimas por sus acciones. Y tengan un castigo adecuado a sus crímenes, el cual puede ser atenuado mediante decisiones de Estado que reduzcan las penas en la búsqueda del bien supremo de la paz.

Luego de la propuesta del Fiscal General de La Nación sobre las penas que deben ser aplicadas a miembros de las Farc y a los soldados del Ejército colombiano acusados de delitos en el conflicto, la polémica no se hizo esperar. Además de la preocupación que genera la posible impunidad por delitos de gravedad extrema, la pregunta que se repite es si tales propuestas venidas de un funcionario de tan alta investidura deben hacerse ahora, cuando el diálogo aún no tiene un resultado cierto. Todo el asunto gira alrededor de las consecuencias que tiene la posibilidad de aplicar la justicia transicional para terminar el conflicto. Una de ellas, quizás la más importante, es la necesidad de la sociedad de asegurar que quienes hayan generado la violencia y causado daño respondan ante las víctimas por sus acciones. Y tengan un castigo adecuado a sus crímenes, el cual puede ser atenuado mediante decisiones de Estado que reduzcan las penas en la búsqueda del bien supremo de la paz.Es en ese escenario donde deben ubicarse las sugerencias del doctor Eduardo Montealegre, quien ha propuesto cambiar las penas que se aplicarían a los guerrilleros condenados por delitos graves. A manera de ejemplo, el Fiscal se refirió al “trabajo social comunitario, la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social, como el desminado, y que contribuyen a desmontar las estructuras de guerra, y un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través de trabajo social”.Por supuesto, la reacción no se hizo esperar. Desde quienes defienden la búsqueda de un acuerdo a como dé lugar y en el cual se otorguen concesiones que hagan posible la aprobación de las Farc, hasta quienes, como el Procurador General de la Nación, consideran esas concesiones como una claudicación que asegura la impunidad para los responsables de delitos atroces cometidos con asiduidad durante 50 años. Todos ellos, que interpretan los sectores del pensamiento nacional, han reaccionado por la propuesta del Fiscal en la cual incluyó las sanciones a los miembros de la Fuerza Pública que cometan delitos, como si eso fuera parte de la negociación en La Habana.La posibilidad de un acuerdo de paz trae consigo la necesidad de hacer concesiones para cesar la violencia. Sin embargo, la duda que queda es por qué el Fiscal planteó el asunto cuando el proceso de La Habana apenas si va por la mitad. Y sobre todo, cuando es notorio el escepticismo de los colombianos sobre los diálogos. Escepticismo explicable ante la tradición de incumplimientos y dilaciones que han caracterizado a las Farc en los intentos por terminar su violencia. De todo esto, lo que queda claro es que parece imprudente que dignatarios de las responsabilidades del Fiscal lancen propuestas como éstas, sin ser parte de la mesa de negociación y en momentos en que el éxito del proceso es apenas un deseo. Lo que sí debe quedar claro es que será el Estado en su conjunto quien hará la oferta sobre qué clase de concesiones que otorgará a la guerrilla. Y serán los ciudadanos quienes las aprobarán mediante un referendo.

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