La otra víctima

Pero más allá de la polémica y del rechazo unánime a los atentados que comprometen vidas humanas, recursos naturales y la generación de riqueza para Colombia, hay preguntas que no tienen respuesta: ¿Quién representan el medio ambiente en las negociaciones de paz? ¿Cómo van a resarcir las Farc y el ELN los daños que han causado a la naturaleza con sus atentados durante 50 años?

Es más que grave la afectación a los habitantes y el medio ambiente en el Putumayo luego de que el pasado 1 de julio las Farc obligaran a los conductores de 23 carrotanques a verter, en cercanías de Puerto Asís, más de 5000 barriles de crudo sobre la vía. Con ello se causa un daño que trasciende el uso de las armas, destruye el equilibrio ecológico.Ante el peligro que ocasiona el derrame, la gobernación del Putumayo declaró la urgencia manifiesta e inició la recolección del petróleo de las quebradas y ríos que fueron contaminados. Según la Defensoría del Pueblo, ese proceso podría demorar un año.Entre tanto, las comunidades afectadas reportaron náuseas y dolor de cabeza. Además, la Defensoría encontró 65 familias intoxicadas en la ladera del río Cohembí, mientras que el puesto de salud de Maravélez, donde se atiende a la población de ocho veredas, fue cerrado porque la mancha de crudo a su alrededor impide el acceso. Y el alcalde del Puerto Asís le dijo a este diario que, “de no adoptarse las medidas de emergencia respectivas, la afectación podría llegar a Ecuador debido a la temporada de invierno que vive la región”, con todo lo que eso implicaría a nivel internacional.Esta es otra muestra del doble juego de la guerrilla: mientras en la mesa de diálogo de La Habana le dará por fin la cara a las víctimas de sus ataques, en el territorio colombiano sigue causando estragos a la población civil y, esta vez, al medio ambiente. En el caso de Putumayo atenta contra las riquezas naturales que son de todos los colombianos y generan recursos que fortalecen la economía de todas las regiones del país.Y preocupa también la respuesta oficial ante el atentado. El general del Ejército, Jaime Lasprilla, dijo que “el hecho perpetrado por las Farc no tuvo la magnitud ni causó el daño ambiental que se creyó en un principio; no hubo afectación en las corrientes principales, sino de algunos caños de agua de la zona”. Aseveración que causó el rechazo del gobierno local y mereció un duro pronunciamiento del Comité Intergremial de Hidrocarburos que considera esa declaración como el traslado de la solución del problema a la empresa de petróleos operadora en el área, “como si la culpabilidad no recayera en la guerrilla sino en la industria”.Cabe aclarar que los 37 atentados en lo corrido del año contra el sector petrolero que ya dejan 18 millones de dólares en pérdidas y una merma en la producción de 52.000 barriles diarios, mereció la atención de los ministros de Defensa, de Minas, y de Medio Ambiente, quienes se reunieron ayer para identificar una estrategia que proteja dicha infraestructura y permita cumplir la meta de producir un millón de barriles diarios.Pero más allá de la polémica y del rechazo unánime a los atentados que comprometen vidas humanas, recursos naturales y la generación de riqueza para Colombia, hay preguntas que no tienen respuesta: ¿Quién representan el medio ambiente en las negociaciones de paz? ¿Cómo van a resarcir las Farc y el ELN los daños que han causado a la naturaleza con sus atentados durante 50 años?