La otra crisis

Marzo 27, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Muchas veces se ha pedido que se decrete la emergencia carcelaria, con lo cual los gobiernos de turno pueden destinar recursos para reconstruir los centros de reclusión. Ahora se presenta otra decisión más de la Corte que guarda la Constitución Nacional. Es el momento para reclamar que se atienda un problema que no puede seguir evadiéndose si se quiere lograr la paz en Colombia".

Debido a los problemas que afectan a la Corte Constitucional, la Justicia colombiana está en el centro del debate nacional. Pero hay otra crisis, que la propia Corte ha reconocido y que afecta a miles de personas cuyos derechos humanos son a veces desconocidos por el Estado. Se trata de la situación que atraviesan las cárceles del país y las decisiones que al respecto ha tomado la Corte Constitucional, a raíz de las demandas que han presentado los internos por las condiciones en que se está produciendo su reclusión: “Los derechos de las personas privadas de la libertad son violadas de manera masiva y generalizada: las obligaciones de respeto, protección y garantías derivadas de tales derechos han sido incumplidos de forma prolongada”, dijo el Alto Tribunal en una sentencia conocida hace pocos días. Es decir, el propio Estado está reconociendo que no cumple su función de proteger los derechos de personas que si bien han cometido delitos de cualquier clase, no por ello pueden perder su condición de ciudadanos. Ni pueden ser condenados a situaciones de hacinamiento, de riesgos enormes para su salud y su integridad, así hayan incurrido en el peor de los delitos. Basta recordar que el sistema penitenciario es ante todo un mecanismo para reeducar al delincuente y prepararlo para su reinserción en la sociedad. Esa situación es la que ha llevado a la Corte a restringir la entrada de detenidos a seis cárceles del país que sufren problemas en sus estructuras y tienen una asombrosa superpoblación, lo cual impide la prestación de servicios como la salud, la alimentación o la educación de los reclusos. Cabe anotar que esa restricción cubre a las cárceles de Valledupar, Barrancabermeja, Cúcuta, Medellín y Popayán. Y extraña que de esa característica se omita lo que sucede en la cárcel de Villahermosa de Cali, donde, además del hacinamiento existe el riesgo de un colapso en sus edificios. O lo que está ocurriendo en las estaciones de policía de la ciudad, donde la sobrepoblación y las malas condiciones de salud llegan ya a extremos alarmantes. Esa es la otra crisis de la Justicia en Colombia, de otro orden pero igual de alarmante. Es que desde 1998 la Corte Constitucional ha pedido reformas al sistema carcelario para evitar lo que a las claras es una negación de los derechos de los reclusos. Pero hasta ahora no hay soluciones, llegándose a extremos en los cuales la solución es liberar detenidos a como de lugar para que quepan los nuevos internos. Y no existe una verdadera política penitenciaria sino una colcha de retazos, además de la crónica falta de recursos para atender un servicio público que redunda en una mejor convivencia y seguridad de la sociedad colombiana. Muchas veces se ha pedido que se decrete la emergencia carcelaria, con lo cual los gobiernos de turno pueden destinar recursos para reconstruir los centros de reclusión. Ahora se presenta otra decisión más de la Corte que guarda la Constitución Nacional. Es el momento para reclamar que se atienda un problema que no puede seguir evadiéndose si se quiere lograr la paz en Colombia.

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