La nueva legislación

El pasado domingo se dieron a conocer los decretos extraordinarios mediante los cuales el Gobierno Nacional construye el grueso de la estructura jurídica sobre la cual se pretende poner en ejecución el acuerdo para el fin del conflicto con las Farc. Bajo el entendimiento que su análisis se deberá producir en el inmediato futuro, se ha dado uno de los pasos más definitivos para poder afirmar que ese grupo como organización armada es cosa del pasado.

Los treinta y cuatro decretos expedidos el pasado fin de semana con base en las atribuciones creadas por el Acto legislativo 01 de 2016 cubren una gran gama de aspectos, muchos de ellos de gran impacto en la vida nacional, entre los cuales hay que destacar los referentes a la política agraria y la creación de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía. También se expidieron normas que reforman los plazos para que la Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de esos decretos y la que reglamenta la entrega de bienes que deben hacer las Farc.

En el aspecto de la reintegración, el Ejecutivo amplió hasta el 1 de agosto la vigencia de las Zonas Veredales Transitorias y creó el Programa de Reincorporación Económica y Social para los guerrilleros que implica subsidios económicos por dos años. Y se oficializó el establecimiento del sistema de seguridad para garantizar la protección a los desmovilizados que participen en los movimientos o partidos que se creen.

También debe destacarse la decisión del presidente Juan Manuel Santos de ampliar por veinte días más los plazos de entrega de las armas de la guerrilla a la comisión internacional encargada de la vigilancia del proceso, que debía producirse ayer según lo acordado en La Habana. Siendo una modificación sustancial, ella era de esperarse, en la medida en que se han presentado dificultades, desencuentros e incumplimientos, que no son en materia grave. Por lo tanto, lo que se debe hacer es exigir que no haya más aplazamientos como ese, que afectan la credibilidad en lo acordado.

En cuanto a las medidas dirigidas a combatir el narcotráfico, el presidente Santos firmó el decreto mediante el cual se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para atender a las familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de las plantaciones ilegales. Se plasma así una de las tácticas definidas por el Gobierno como la gran estrategia que, junto con la erradicación voluntaria, deben servir para desmontar el narcotráfico, que es sin duda el combustible.

Pendiente del análisis sobre esa gran cantidad de medidas, y a la espera de las que se tomen en el Congreso mediante el Fast Track que ha sido ampliado por seis meses más, hay que aguardar los pronunciamientos de la Corte sobre la constitucionalidad de ellas. Y reafirmar también la necesidad de respetar las actuaciones del órgano jurisdiccional, recordando que si bien se han hecho excepciones, los acuerdos no significan el fin de las instituciones establecidas en la Constitución ni la renuncia a revisar si las disposiciones que crea el gobierno están de acuerdo con ella.