La niñez que trabaja

Cuando los Estados cumplen con el deber de defender los derechos de sus niños y adolescentes ayudan a formar sociedades más justas y con futuro promisorio. Pero, ¿cómo se puede pensar en un mejor país cuando, como en el caso de Colombia, el 7% de sus menores de edad trabaja desde los 5 años para ayudar al sostén familiar y un 7,3% más es obligado a realizar pesadas labores domésticas durante horas?La celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil sirve para reflexionar sobre una cifras que escandalizan, y sobre lo que gobiernos y sociedades hacen para solucionar un problema que es de política pública. En el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Unesco alrededor de 300 millones de niños entre los 5 y los 17 años de edad son explotados laboralmente. De ellos 130 millones están en América Latina, de los cuales 1,6 millones son colombianos.La cifra nacional, si bien es alarmante, ha disminuido casi a la mitad en la última década como resultado de las políticas adoptadas, entre ellas la formulación de una Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil que busca disminuir a un 2,9% el número de niños trabajadores antes del 2019. Hoy, en Colombia hay 786.000 niños trabajadores, frente a 1.410.000 que había en el año 2003. También quedan 850.000 menores de edad que realizan oficios del hogar por más de 30 horas semanales.Además de la preocupación por el hecho de que los niños trabajen, causa alarma que un 37,6% de ellos ni siquiera reciba remuneración por sus labores, al 56 % sólo le paguen la mitad de un salario mínimo y apenas un 5,8% reciba un salario mínimo mensual. Es la explotación rampante de una población que se encuentra en el mayor grado de vulnerabilidad, sin conocer ni tener la capacidad de defender sus derechos. Y es cometer el peor de los errores: arrebatarles la niñez y negarles la oportunidad de crecer de acuerdo con su desarrollo físico, mental y emocional.La más grave consecuencia que conlleva el trabajo infantil la indica Hilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la Protección de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia: “Mientras subsista la explotación laboral de niños y niñas, se hará más extensa la cadena de pobreza y se abonará el terreno de la inequidad”. Cuando un menor de edad tiene que trabajar, disminuye la asistencia a las aulas y aumenta la deserción escolar. Así se rompe un eslabón fundamental en la cadena que lleva a conformar sociedades más sanas y productivas a futuro.La decisión de frenar el trabajo infantil debe ser del Estado en su conjunto. Hay que adoptar políticas públicas que permitan detectar las situaciones de riesgo y proponer medidas para contrarrestarlas, garantizando el respeto de los derechos de niños y adolescentes. Hay que hacer cumplir las leyes que los protegen e impiden su explotación laboral. Pero sobre todo, hay que realizar un cambio cultural y social para que se entienda que el trabajo es cuestión de adultos y que bajo ninguna circunstancia los niños pueden ser vistos como proveedores, sustento ni fuentes de ingreso.