La minería del crimen

Hay heridas que nunca se cierran y otras que se reabren cada cierto tiempo porque no se les hizo el tratamiento necesario para que sanaran; en cualquier caso, siempre quedan cicatrices. Así sucede con la minería ilegal en el Valle.

No son solo los Farallones de Cali, donde la lucha para cerrar los más de 300 socavones que permanecen abiertos, impedir que lleguen mineros de todos lados y proteger la mayor reserva natural del departamento, parece perdida. El mal se extiende por todo el Valle, donde se han detectado 141 puntos de minería ilegal en municipios como Ginebra, Buga, Guacarí, Dagua y Buenaventura, en su mayoría de extracción de oro y 23 de ellos de materiales de arrastre.

Es la historia de siempre, la que casi acaba con el río Dagua hace una década, la que afecta los páramos, contamina las fuentes hídricas que abastecen de agua a los vallecaucanos o desvía los cauces como sucede cuando se saca sin permiso ni control la piedra de sus lechos. El efecto en el medio ambiente casi siempre es irreversible, se pierden o dañan los recursos naturales y de paso se pone en peligro la vida humana, ya sea la de aquellos que se arriesgan a meterse en los socavones aunque la montaña se les venga encima o mueran ahogados, o la de quienes toman el agua de ríos con altos niveles de mercurio y consumen el pescado enfermo por la misma causa.

Es el afán de lucro al que nada le importa lo que suceda por su causa. Porque esto que pasa en el Valle, en el Pacífico y en todo el territorio nacional nada tiene que ver con la minería artesanal, que es protegida en Colombia, de la que derivan su sustento comunidades ancestrales y se hace de manera amigable con el entorno. El verdadero negocio que hay detrás de la minería ilegal es transnacional, de él hacen parte organizaciones criminales poderosas como la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo, tal como lo relató recientemente a este diario el mayor general Fernando Murillo, director de la Dijín de la Policía.

Es de tal tamaño la mafia creada alrededor de la extracción ilícita de minerales, que se han descubierto en Cali y en el Valle empresas fachada dedicadas a camuflar oro ilegal entre los lotes legales que se exportan, o a blanquear los dineros que produce tan lucrativo negocio. Si bien se reconoce el trabajo de las autoridades para perseguir y judicializar a sus autores, es poco lo que se logra frente al tamaño de un comercio prohibido que se encuentra entre los más rentables del mundo.

Perseguir a quienes se dedican a la extracción ilegal minera, uno de los peores enemigos del medio ambiente, de los recursos naturales y de los ecosistemas, así como restaurar el daño que se ha provocado, es la obligación de las autoridades ambientales de los municipios y el departamento. Pero un problema tan grave que además desencadena efectos sociales y económicos perjudiciales, necesita de leyes acordes con la amenaza que representa, y que se impongan castigos rigurosos a quienes tanto mal le causan a la humanidad.