La metástasis

Agosto 15, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"El caso de la cárcel de Villahermosa no es único en Colombia. Pero eso no puede ser argumento para evadir la responsabilidad que le cabe a las autoridades nacionales en un drama humano y social que atenta contra los principios de una sociedad democrática y civilizada".

Nuevamente, la crisis de la cárcel de Villahermosa debida al hacinamiento de reclusos y la metástasis que se está produciendo en las inspecciones y estaciones de Policía de la ciudad demandan de respuestas del Estado. Las características mismas del hecho que golpea los derechos de miles de colombianos hace urgente que se tomen decisiones para impedir lo que puede dar origen a tragedias que están avisadas. Sin duda es fatigoso tener que recalcar sobre un asunto que debería haber sido resuelto conforme a lo ordenado por la Constitución Nacional y a los más elementales principios de la sana lógica. Pero es que van pasando los meses y la situación empeora: hoy son 6500 los internos en una cárcel construida hace 56 años, que amenaza ruina y donde sólo caben 1667. Sus servicios de agua son precarios, los servicios sanitarios son casi inexistentes y los ocupantes deben dormir en el suelo, en los corredores o en cualquier parte. Y para controlar esa enorme población hay 288 guardas, de los cuales 38 están dedicados a labores administrativas. Muchas veces se ha dicho que la situación está al borde de convertirse en inmanejable. Pero nada se ha logrado para resolver lo que sin duda desconoce los derechos humanos de los reclusos. Sólo una que otra tutela han contestado al clamor de guardas, administradores, detenidos y sus familiares, la última de las cuales dio un plazo máximo de dos años para reducir el número de ocupantes de la cárcel. Como respuesta, se ha limitado a dos la cantidad de presos que pueden ingresar al penal cada día, con un resultado por lo menos alarmante para la ciudad. Es que ahora, las inspecciones de Policía albergan a 277 prisioneros. A ellos deberían resolverles su situación en 36 horas, pero muchos llevan meses allí confinados. Por supuesto, tampoco hay servicios públicos adecuados y los problemas de salud, así como las amenazas a la convivencia, hacen su aparición. Y como respuesta, los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario apenas afirman que están dentro de los dos años fijados por la tutela. Es decir, ninguna solución.El caso de la cárcel de Villahermosa no es único en Colombia. Pero eso no puede ser argumento para evadir la responsabilidad que le cabe a las autoridades nacionales en un drama humano y social que atenta contra los principios de una sociedad democrática y civilizada. Son miles de personas, muchas de las cuales aún no se les ha resuelto su situación jurídica, las que están expuestas a padecer enfermedades y accidentes que pueden llegar a ser letales. Con ese tratamiento se están desconociendo los principios del derecho penal y los Derechos Humanos de los internos, además de poner en riesgo la integridad y la salud de sus guardas. Y se está llevando el problema a las calles de la ciudad. Es decir, a los barrios, creando focos de intranquilidad para los vecinos de instalaciones destinadas a la detención temporal. Es la metástasis que el Gobierno Nacional debe impedir, antes de que la tragedia haga presencia en Villahermosa y en cualquiera de las estaciones de Policía de Cali.

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