La manifestación de Barranquilla

"...es explicable el interés del Gobierno de ponerle pueblo a la ley de víctimas. Su ambicioso contenido, de gran importancia para pagar la deuda social acumulada por muchos años, enfrentará sin duda la oposición de quienes sienten amenazados sus patrimonios mal habidos".

Rodeado de una manifestación de más de 20.000 personas, el presidente Juan Manuel Santos confirmó en Barranquilla su compromiso personal y el de su gobierno con la política de restitución de tierras a las víctimas de la violencia. Y reclamó de nuevo el respaldo de la Nación a una decisión que pretende restaurar el equilibrio destruido por años en los cuales el Estado se limitó a expedir normas desde Bogotá sin atender la tragedia que se producía en la provincia por su ausencia efectiva.Todo indica que la manifestación, inusual en un dirigente de las características del presidente Santos, parece ser la primera de muchas expresiones de respaldo popular a la iniciativa que aspira a convocar su gobierno. Es decir, el Primer Mandatario decidió cambiar el escenario de la política, llevándolo a la plaza pública. Actitud explicable si se tiene en cuenta que los asistentes a esas convocatorias son todos colombianos perjudicados por los abusos que han cometido las guerrillas, los grupos paramilitares y todos quienes usaron el poder en las regiones, ya fuera para aprovecharse de la indefensión de esas personas o para apoderarse de los bienes propiedad de la Nación. Y es explicable el interés del Gobierno de ponerle pueblo a la ley de víctimas. Su ambicioso contenido, de gran importancia para pagar la deuda social acumulada por muchos años, enfrentará sin duda la oposición de quienes sienten amenazados sus patrimonios mal habidos. Son aquello “extremistas de izquierda y de derecha” que el presidente Santos cita con frecuencia para ratificar su intención de no dar marcha atrás. Pero también están quienes desde una perspectiva democrática y crítica, preguntan si el Estado es capaz de asumir el esfuerzo financiero que algunos dentro del gobierno calculan en más de 58 billones de pesos. De otra parte están quienes expresan sus inquietudes sobre la capacidad de las Instituciones de garantizar el cumplimiento de las intenciones que dieron vida a la ley de víctimas y de restitución de tierras. Es decir, si además de asegurar la enorme cifra equivalente a la mitad de un presupuesto anual de la Nación, el Gobierno está en capacidad de brindar seguridad a las víctimas para que no sean de nuevo despojadas por los depredadores y sus líderes asesinados. La inquietud se extiende hacia las posibilidades de atender las demandas de capital, de recursos y de tecnologías necesarias para devolver a las víctimas las oportunidades de vida que e han arrebatado. A juzgar por la manifestación organizada en Barranquilla y las palabras del Gobernante, la respuesta es un sí. Por la forma en que el Primer Mandatario expresó su decisión, debe quedar claro que su Administración asume lo que ha llamado una verdadera reforma agraria, realizada con los bienes recuperados. Si todo eso se logra, el país se lo agradecerá por que habrá logrado restañar las más grande heridas dejadas por la violencia: el despojo, la muerte, la pobreza y la destrucción a la cual contribuyó la ausencia de un Estado capaz de defender la vida honra y bienes de los colombianos.