La Ley de Garantías

Marzo 31, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Lo mejor para defender la transparencia de la democracia y el juego limpio que esperan todos los ciudadanos, es controlar la facultad de gasto durante los procesos electorales. Que se hagan las reformas necesarias a la Ley de Garantías no puede llevar a que quienes ejerzan el gobierno queden con las manos libres para influir en cualquier elección mediante el uso de los recursos del Estado".

En días pasados, el presidente Juan Manuel Santos anunció su intención de acabar con la llamada ley de garantías, para darle mayor fluidez al gasto de los entes territoriales en época de elecciones como la que se avecina. Antes de abolirla, los legisladores deben hacer un cuidadoso análisis de sus virtudes y los riesgos de acabar con un dique necesario para la transparencia del gasto público.La ley 996 de 2005 nació como consecuencia directa de la reforma constitucional que aprobó la reelección presidencial, con el objeto de limitar el uso de las facultades del Estado para influir en una contienda electoral en la cual el Primer Mandatario de la Nación aspire a un segundo periodo. Ahora, cuando se pretende acabar con esa posibilidad, la propuesta es derogar la norma citada.No obstante que la mayoría de lo establecido en esa ley quedaría obsoleta de aprobarse la reforma, en ella hay preceptos de gran importancia para evitar abusos. Se trata sobre todo de aquellos artículos que impiden a gobernadores y a alcaldes el contratar en forma directa en temporada electoral como la que se realizará este año. Incluso, de limitar la atribución al Gobierno Nacional, cuando de elecciones presidenciales y de Congreso se trate.En plata blanca, de lo que se trata es de impedir que los recursos públicos a todo nivel sean utilizados mediante la contratación directa para influir en los procesos electorales. Si bien es necesario evitar que se paralicen las actividades y los servicios de las entidades oficiales, también es cierto que los mandatarios pueden usar la contratación mediante licitación pública. Y no es un secreto que tanto la contratación directa como el nombramiento de funcionarios puede usarse para apoyar candidaturas afines a los gobernantes. Por ello, la obligación es andar con cuidado en tan delicada materia. Sin duda, la ley de garantías produce demoras y trámites que detienen la actividad oficial en beneficio de los ciudadanos. Pero esas dificultades pueden ser revisadas y mejoradas para garantizar que el Estado cumpla su cometido. Lo que no puede llevarse al extremo de dejar sin control a los mandatarios de todo nivel para actuar como si el período electoral no mereciera de medidas especiales como las contenidas en el artículo 38 y su parágrafo.Esa necesidad es más acuciante si se quiere en las elecciones regionales y locales, donde ha sido costumbre el propósito de usar la contratación y la nómina para influir en las elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales. Aunque no se trate de reelecciones, el objetivo en muchos casos ha sido garantizar la permanencia en el poder de partidos y movimientos afines a los mandatarios en ejercicio. Por lo tanto, lo mejor para defender la transparencia de la democracia y el juego limpio que esperan todos los ciudadanos, es controlar la facultad de gasto durante los procesos electorales. Que se hagan las reformas necesarias a la Ley de Garantías no puede llevar a que quienes ejerzan el gobierno queden con las manos libres para influir en cualquier elección mediante el uso de los recursos del Estado.

VER COMENTARIOS
Columnistas
Publicidad