La justicia y la ética

Y hay otro aspecto, aún más preocupante, sobre la forma en que será investigado el caso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por supuesto, es imposible desconocer el carácter político de esa comisión y el hecho de que sus integrantes no requieren ser abogados para formar parte de ella. Pero, ¿es conveniente que el Presidente de la Corte Constitucional sea investigado por personas que no tienen los conocimientos jurídicos que requiere el asunto?

El retiro del magistrado Jorge Pretelt de la presidencia de la Corte Constitucional fue un paso importante para aclarar uno de los escándalos más graves y más perjudiciales que haya padecido la Justicia en Colombia. Sin embargo, no es suficiente para devolverle la credibilidad a una institución sin la cual no existen ni la democracia ni el Estado de Derecho que la hacen posible. Aunque ya se sabe que el magistrado Pretelt se separó de la dignidad, no queda claro si ese retiro durará los 30 días que él anunció, o se prolongará de manera indefinida, como expresó el comunicado de los miembros de la Corte, leído por su vicepresidente, la doctora María Victoria Calle. Lo cual, lejos de aclarar el panorama, aumenta las inquietudes sobre lo que está sucediendo al interior de la entidad. Y amenaza con desatar un cisma de proporciones, causado por las posiciones enfrentadas que demuestran los comunicados en mención.Además, el doctor Pretelt sigue ocupando su cargo como Magistrado. Es decir, conserva sus atribuciones para estudiar, votar y fallar los casos que estén a su estudio. ¿Cómo se resolverá entonces las posiciones antagónicas de los integrantes de la Corte Constitucional sobre un asunto ético más que jurídico? Más aún, cuando ya es un secreto a voces que en esa corporación se han producido situaciones no muy claras sobre la escogencia de tutelas para su revisión. Y hay otro aspecto, aún más preocupante, sobre la forma en que será investigado el caso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por supuesto, es imposible desconocer el carácter político de esa comisión y el hecho de que sus integrantes no requieren ser abogados para formar parte de ella. Pero, ¿es conveniente que el Presidente de la Corte Constitucional sea investigado por personas que no tienen los conocimientos jurídicos que requiere el asunto? ¿Acaso puede pasarse por alto que el señor Presidente de la Comisión fue retirado de la Policía Nacional por actuaciones que pertenecen a la esfera del derecho penal, según descubrió un medio de comunicación de la capital de la República? Todos esos hechos son los que causan preocupación sobre el verdadero estado de la Justicia en nuestro país. Por supuesto, hay que rechazar las generalizaciones que involucran a la inmensa mayoría de jueces, magistrados y servidores. Sin embargo, es muy grave para nuestra Nación el escándalo de ahora, como tantos otros que se presentan con frecuencia en otras instancias judiciales, porque compromete a la corporación encargada de proteger la integridad de la Constitución y toca asuntos mucho más trascendentales que el cumplimiento de la ley. Se trata de la ética y la moral que deben regir la prestación del servicio público más importante para nuestra sociedad. Son esos valores los que construyen la majestad de la Justicia y la respetabilidad de quienes tienen el encargo de impartirla. Es allí donde la Nación está reclamando un cambio profundo para volver a creer en sus jueces, más allá de si la ley les permite o no cualquier acción en el ejercicio de sus funciones.