La Justicia en el 2013

Infortunadamente, el 2013 fue prolífico en hechos que destruyen esa credibilidad tan necesaria para que el Estado de Derecho sea de verdad el fundamento de la democracia colombiana.

Entre los servicios públicos, la Justicia se destaca por su importancia para la convivencia de una Nación y como pilar fundamental para la solidez de las instituciones democráticas. Por el contrario, puede ser motivo de angustias cuando la función de resolver los conflictos y preservar la concordia se ve limitada por la ineficiencia o desarticulada por intereses distintos al bien común. Eso puede estar ocurriendo en Colombia. Mientras el ciudadano del común espera respuestas rápidas y cumplidas a sus requerimientos, el órgano judicial acusa graves problemas que redundan en morosidad, en impunidad o en ausencia de decisiones. Y en tanto se espera que la justicia penal cumpla su papel en la sanción ejemplarizante de las conductas antisociales, el hecho de que sólo siete de cada cien procesos terminen en sentencia hace que pierda credibilidad, mientras el país acusa la falta de una política criminal que sea coherente y responda a las realidades de una Nación necesitada de árbitros para evitar que siga imperando la ley del más fuerte y la justicia por mano propia. Infortunadamente, el 2013 fue prolífico en hechos que destruyen esa credibilidad tan necesaria para que el Estado de Derecho sea de verdad el fundamento de la democracia colombiana. Los escándalos reiterados en el Consejo Superior de la Judicatura, el organismo encargado de administrar el órgano judicial en Colombia, de designar jueces y vigilar la conducta de los abogados; el enfrentamiento continuo entre la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado; y la inutilidad absoluta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que impide aplicar justicia a favor o en contra de los funcionarios y exfuncionarios protegidos por el fuero constitucional.Esos son los ejemplos más notorios de la crisis que vive la justicia en Colombia, aumentados por vicios como el clientelismo y por visiones equivocadas de quienes, desde las más altas esferas de la judicatura insisten en plantear una lucha de poderes basada en el supuesto gobierno de los jueces. Todo lo cual ha llevado a crear un mal ambiente, al cual ayuda los fracasos continuos y escandalosos de las reformas que se han presentado en el Congreso. Ahora se habla de una nueva reforma. Y se insiste en que la clave del problema está en la falta de recursos, sin que aparezca una propuesta que muestre el camino para superar la crisis. Por eso, las cárceles están agobiadas por el hacinamiento y es corriente la queja de las autoridades sobre la forma fácil en que deben liberar a reconocidos criminales, mientras el sistema penal acusatorio está al borde del colapso. Y los procesos civiles pueden pasar generaciones antes de ser resueltos, mientras la tutela sigue a la espera de modificaciones que garanticen su buen uso.Sin duda, son muchos los jueces, funcionarios judiciales y fiscales que cumplen una abnegada labor en un país como el nuestro con conflictos tan graves. Pero también es claro que debe existir la decisión de mejorar la Justicia, para que se evite la amenaza de recurrir a instancias internacionales y de paso asegurar la vigencia del Estado de Derecho en Colombia.