La Justicia en Cali

"...La explicación que dan a ese abandono se refiere a la dificultad de adquirir los predios y a los cambios obligados por los desvíos del tráfico que generan las llamadas Megaobras. Lo que demuestra de nuevo la incertidumbre que padecen iniciativas necesarias para resolver la crisis de la Justicia, uno de los factores que más contribuye al crecimiento de la impunidad y de la delincuencia".

Hace unos meses, mientras el Consejo Nacional de la Judicatura afirmó que ya tenía los recursos suficientes para terminar la reconstrucción del Palacio de Justicia de Cali la Administración Municipal lanzaba en los medios de comunicación su programa “Ciudad Paraíso”, en la cual estaría ubicada la sede de la Fiscalía Regional. Hoy, esas promesas están paralizadas, a la espera de algo más que los anuncios.Y la Justicia en Cali sigue padeciendo tropiezos enormes, pese a la responsabilidad que tiene en la lucha contra la delincuencia, la defensa de los derechos de los ciudadanos y el rescate de la convivencia en la ciudad y el Departamento. Los jueces siguen despachando en sitios improvisados y los Fiscales se arruman en lugares inadecuados para cumplir su labor, en tanto que el silencio y las explicaciones a medias de los funcionarios responsables de esas obras son las únicas actuaciones que se escuchan después de los anuncios y las vallas.En julio de 2010 y con la indumentaria apropiada para la ocasión, el alcalde Jorge Iván Ospina lanzó la “Ciudad Paraíso” como la gran obra de su administración para recuperar el centro de Cali. En los avisos que se colgaron en la zona de El Calvario están dibujados los edificios que albergarán a la Fiscalía, dando respuesta al justo reclamo de la comunidad y los funcionarios judiciales. Hoy, la única actividad que se ve allí son las pancartas promocionales que cuelgan en los esqueletos de dos edificaciones semidestruidas, ubicadas en la carrera 10 entre calles 12 y 13.La explicación que dan a ese abandono se refiere a la dificultad de adquirir los predios y a los cambios obligados por los desvíos del tráfico que generan las llamadas Megaobras. Lo que demuestra de nuevo la incertidumbre que padecen iniciativas necesarias para resolver la crisis de la Justicia, uno de los factores que más contribuye al crecimiento de la impunidad y de la delincuencia. Y aunque sea responsabilidad de la Nación, no sobra recordar que tanto el Gobierno de Cali como el del Valle deben impulsar la recuperación de un servicio público vital para la tranquilidad y la convivencia.El Palacio de Justicia, por su parte, se convirtió ya en el monumento a la desidia y el desinterés del Estado. Hace dos años y medio fue semidestruido por el terrorismo de las Farc. Y desde ese momento, las manifestaciones de sucesivos gobiernos y de las autoridades que manejan los recursos de la rama judicial han garantizado su compromiso con Cali para devolver esa sede y borrar las cicatrices que el terrorismo dejó en el corazón de la segunda ciudad de Colombia.Han pasado los meses, las obras están paralizadas y los jueces acomodados a como de lugar en sitios nada adecuados a la importancia del servicio que prestan. La explicación sigue siendo la misma: falta de presupuesto, trámites ante el Consejo Nacional de la Judicatura y un silencio inexplicable en el Gobierno Nacional.Quizás ya parezca necio repetir el reclamo de caleños y vallecaucanos para que le devuelvan la dignidad a la Justicia en la ciudad y para que los funcionarios cumplan las promesas que le hacen.