La Justicia cuestionada

Octubre 31, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"De imponerse la impunidad en los hechos de los cuales se acusa al magistrado Villarraga, la Justicia habrá recibido un golpe que destruye su credibilidad".

Un nuevo escándalo sacude la credibilidad de la Justicia en Colombia. Y reclama las decisiones que se vienen aplazando, a pesar del daño que le causa a la Nación la demora en establecer correctivos que impidan los abusos que algunos funcionarios cometen, aprovechando la impunidad que produce la ausencia de controles y el daño que causa el creer que la independencia de la Rama Judicial significa dar paso al gobierno de los jueces.El hecho de esta semana lo ha producido la revelación pública de grabaciones donde el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, dialoga con un coronel del Ejército Róbinson González del Río sobre el proceso que se le adelanta en el Consejo. Al escuchar esas grabaciones es fácil deducir que se está hablando de una decisión en la cual el Magistrado tiene directa injerencia y está dispuesto a hacer valer una interpretación según la cual el acusado deberá ser juzgado por la Justicia Penal Militar y no por la Ordinaria, como corresponde por tratarse de delitos de lesa humanidad. Además de la existencia de situaciones que desconocen elementales principios éticos, hay una violación clara de normas que prohíben a los jueces tener conversaciones directas con acusados por casos que se tramitan en sus despachos. Son hechos bochornosos que demuestran hasta dónde puede llegarse en el uso o abuso de la investidura que otorga el pertenecer a la entidad encargada de la administración de Justicia y a su sala disciplinaria. Y que ignoran de plano la razón de ser de esas investiduras que la ley entrega a quienes deben cumplir una misión sagrada para la existencia de un Estado de Derecho. Tan grave es la situación que los compañeros de Sala del señor Villarraga le han pedido que se separe de su cargo y responda por sus actuaciones. La respuesta del acusado es no asistir a las sesiones a las cuales está obligado, y expedir comunicados. Pero las pruebas están a la vista. Y como ocurrió con el proceso que se le adelantó al mismo magistrado por el escandaloso carrusel de las pensiones, se limita a ignorar de manera arrogante las denuncias de que es objeto. Y sigue lo mismo de antes: ahora, su investigador será de nuevo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que hace poco archivó un proceso contra Villarraga y otros dos Magistrados, acusados por hechos que atentan contra la ley. Por eso se teme que vuelva a presentarse otro caso de impunidad aberrante, en el cual quedará comprometida la credibilidad de la Justicia. A pesar de lo cual, será imposible acabar con una institución que ha demostrado con creces por qué la llaman la comisión de absoluciones.De imponerse la impunidad en los hechos de los cuales se acusa al magistrado Villarraga, la Justicia habrá recibido un golpe que destruye su credibilidad. Es como si en Colombia, los más altos jerarcas de esa rama del poder público estuvieran exonerados de responder por sus actos; como aceptar que administrar justicia es una ventaja frente a los ciudadanos y no una obligación con la sociedad que ha confiado en sus conocimientos y sus principios éticos y morales.

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