La Justicia cuestionada

El escándalo de la corrupción llegó a la Corte Suprema de Justicia, causando incertidumbre y sembrando dudas sobre la actuación del máximo tribunal de Colombia. Ante el destape que se está produciendo solamente queda la alternativa de encontrar la verdad y tomar los correctivos que sean necesarios para sanear las instituciones del Estado.

La denuncia salió de la Fiscalía General de la Nación y de la Sala Penal de la Corte, y tiene origen en grabaciones realizadas por entidades de Justicia de los Estados Unidos al exfiscal anticorrupción, un abogado y un exgobernador del departamento de Córdoba. En ellas se escucha la oferta de tramitar ante la Corte lo necesario para lograr la declaración de inocencia mediante el pago, haciendo mención de los expresidentes del Alto Tribunal Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, así como al exmagistrado Camilo Tarquino.

También se relaciona el nombre de dos senadores de la República: el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, y Musa Besayle del Partido de la U, así como el dirigente Luis Alfredo Ramos, del Centro Democrático. Según el exfiscal Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla, ellos habrían pagado las gruesas sumas de dinero que exigían sus amigos de la Corte para detener o terminar los procesos penales en su contra.

Por supuesto, quienes están involucrados en la declaración del Fiscal y el Presidente de la Sala Penal tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Pero ello no obsta para expresar la indignación que resulta de saber que pueden existir organizaciones y nexos con la Justicia dirigidas a vender fallos absolutorios o a impedir que ésta cumpla con su papel en defensa de la sociedad. Por eso, lo que se espera es que aparezca la verdad y de manera rápida.

La otra preocupación es que la investigación a los integrantes de la Corte estará en cabeza de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, conocida por su incapacidad para sacar adelante los procesos en los cuales están involucrados los integrantes del órgano judicial con fuero.

De nuevo se hace presente la relación entre los integrantes de las Altas Cortes y quienes los eligen en ejercicio del poder político. Y vuelve a aparecer la Comisión constituida por congresistas, famosa por no tomar decisiones o por absolver a los jueces a los cuales debe investigar. Pero esta vez, el asunto llega hasta el supuesto pago de dinero para lograr absoluciones.

Entre tanto hay que insistir en las reformas que rescaten la credibilidad de la Justicia. Ya es momento para reconocer que el fondo está en la ausencia de valores éticos y en el clientelismo rampante que se tomaron la administración de la Rama Judicial. Aunque debe hacerse excepción de los miles de funcionarios, jueces y magistrados que con valor se esfuerzan por cumplir su misión, está claro que la politización de la Justicia, sumada a la impunidad y a la ausencia de valores, ocasionan el desprestigio de la rama.

Y, de paso, están destruyendo la confianza y la credibilidad de la democracia en Colombia.