La injusticia de un laudo arbitral

La injusticia de un laudo arbitral

Abril 30, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

La historia del pleito que acaba de fallar un Tribunal de Arbitramento es por lo menos indignante: el entonces gobernador Juan Carlos Abadía encontró en las vigencias futuras el mecanismo para burlar la ley y endeudar al Departamento en una suma que superaba los $650.000 millones.

Como si no fuera posible terminar con la pesadilla de las vigencias futuras, al departamento del Valle lo acaban de condenar en cuantía importante, obligándole a pagar una comisión de éxito por un negocio que nunca terminó. Es la viveza de quienes encontraron en la laxitud de un gobernante la puerta para quedarse con los recursos departamentales. La historia del pleito que acaba de fallar un Tribunal de Arbitramento es por lo menos indignante: el entonces gobernador Juan Carlos Abadía encontró en las vigencias futuras el mecanismo para burlar la ley y endeudar al Departamento en una suma que superaba los $650.000 millones. Para ello firmó un contrato para “la estructuración técnica, legal y financiera” del extraño negocio con el consorcio Desarrollo del Valle, representado por Rodrigo Cerón y Cerón. El valor de ese contrato fue de $478 millones y una cláusula del 10% en caso de incumplimiento.También estipuló una insólita comisión de éxito equivalente al 3% del valor total de los contratos, que debería ser pagada por los tres contratistas que se comprometieron a realizar las obras. Pero ni existió un cierre financiero ni la ejecución de los contratos se inició siquiera, por cuanto el Departamento llegó a un acuerdo con los consorcios que adelantarían el polémico proyecto de Abadía. Y si bien el exgobernador había constreñido a estos a pagar el 40% de la comisión para ampliarles los plazos, al firmarse los acuerdos quedó claro que se extinguía la obligación de cancelar el 60% restante, es decir $8.600 millones que en cualquier caso correspondería a los consorcios y no al fisco departamental.Pues tan clara situación empezó a enredarse cuando la Secretaria Jurídica del destituido gobernador le recomendó al estructurador que citara al Tribunal de Arbitramento, lo que podía interpretarse como el reconocimiento de una obligación inexistente. Además, la citada funcionaria se convirtió en testigo a favor del demandante y en contra del Departamento, lo que de por sí arroja serias dudas sobre lo que estaba aconteciendo.Todos estos hechos fueron denunciados en su momento. Pero, al parecer, para dos de los miembros del Tribunal de Arbitramento no tuvieron valor alguno. Por lo cual condenaron al Valle a pagar una comisión a la cual no está obligado, por el éxito de una negociación que fue abortada en la administración de Francisco Lourido, y que en caso de existir debería correr a cargo de los consorcios ejecutores de las vigencias futuras que se inventó el gobierno de Juan Carlos Abadía y contó con el beneplácito de la Asamblea Departamental de entonces. Por fortuna existe el salvamento del doctor Saúl Flórez Enciso al laudo aprobado por los doctores Juan Carlos Expósito y Julio César Ortiz, sus compañeros del Tribunal. Allí están claras las razones por las cuales ese fallo no tiene cabida, como también lo expresó en su momento el Ministerio Público. Por lo tanto la Administración Departamental debe actuar como lo está haciendo, demandando una decisión que, además de lesionar en forma grave al Valle, desconoce los más elementales principios de la equidad y la justicia.

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