La industria ilegal

"Desde hace tiempo, la ILV y las rentas departamentales son manejadas con criterios clientelistas antes que empresariales. El resultado es la decadencia paulatina y notoria de la producción del aguardiente, justificada en los cambios que experimenta el gusto de los consumidores".

La historia de la Industria Licorera del Valle y de la renta que debería generar la venta de alcohol, es el ejemplo palpable de por qué la institución regional permanece en crisis. Y es la clave de lo que se debe hacer para recuperar el que fuera el primer Departamento de Colombia. La crónica realizada por la Unidad Investigativa de El País, que se publica en la presente edición, muestra de manera detallada lo que ocurre con el Aguardiente Blanco. Allí está descrita la manera en la cual el licor legítimo se maneja a través de un contrato de distribución que no es conveniente ni adecuado para administrar un monopolio de un producto de consumo masivo. Y cómo debe competir con toda clase de producción ilegal, además de padecer las consecuencias de la mala administración y el desconocimiento de los mercados. Es que, desde hace tiempo, la ILV y las rentas departamentales son manejadas con criterios clientelistas antes que empresariales. El resultado es la decadencia paulatina y notoria de la producción del aguardiente, justificada en los cambios que experimenta el gusto de los consumidores. Por el contrario, el contrabando, que se apoderó de las fórmulas del producto y consigue el mismo alcohol con que se fabrica el Blanco del Valle, hoy controla la mitad o más del mercado. Con lo cual afecta los ingresos tanto de la Industria como del Departamento que deja de recibir los impuestos. Es un enorme negocio que puede superar los trescientos mil millones de pesos al año, equivalentes a la reducción en las ventas que experimenta la licorera departamental. Con lo cual, los vallecaucanos que deberían recibir beneficios en salud, educación o deportes, pagan un gigantesco tributo a la politiquería que aporta además los peores ejemplos de corrupción. Y entre tanto, fueron desmontados los pocos controles que se habían creado para asegurarle al consumidor la legitimidad del producto que compraLa otra cara del asunto es la División de Rentas del Valle, que debería velar porque esos ingresos llegaran al Departamento y no a la corrupción y la ilegalidad. Sin duda, con dos o tres funcionarios es imposible ejercer algún control que garantice la correcta administración de los monopolios de los cuales vive el ente territorial y ofrece los servicios públicos a su cargo. Eso es exponer al fraude una riqueza enorme, que antes diera frutos en todo el territorio departamental. Da tristeza saber que, como lo indica en detalle el informe, los recursos de los vallecaucanos se quedan en los bolsillos de la ilegalidad más aberrante. Hace pocos días, la Asamblea aprobó el estatuto tributario del Departamento. Sin duda es un aporte importante para enfrentar el problema. Pero quedará como letra muerta si, como está sucediendo desde hace muchos años, el Valle sigue siendo manejado por el clientelismo y con criterios politiqueros que abren la puerta a la corrupción y a la mala administración de los asuntos públicos. La Industria de Licores del Valle y la caída vertical en los ingresos generados por el aguardiente es su gran ejemplo.