La guerra de las drogas

El consumo interno está aumentando. Con lo cual, el microtráfico está reemplazando a las estructuras que crecieron o se mantienen con la exportación de grandes volúmenes. Es decir, el problema está adquiriendo nuevos matices, mucho más peligrosos para la convivencia y la seguridad ciudadana, como lo está demostrando lo que ocurre en Tuluá, Cali o Medellín.

De nuevo, la ofensiva para cambiar la política antidrogas se toma los escenarios de Colombia y el mundo. Es el momento para determinar si se continúa con la guerra definida hace 40 años por las Naciones Unidas, o si se da un vuelco que reconozca la imposibilidad de mantener una estrategia cuyos grandes beneficiarios parecen ser los narcotraficantes y los lavadores de las fortunas que amasan los hasta ahora criminales. La discusión tiene un gran sentido en Colombia. Aquí, la existencia del negocio en todas sus expresiones ha causado terribles consecuencias sociales, económicas, humanitarias, ecológicas y políticas. Baste recordar las guerras del narcoterrorismo, del paramilitarismo y de los grandes carteles que durante más de 30 años han causado dramas y destrucciones. Y qué decir de su incidencia en el fortalecimiento de las Farc, organización que hoy es reconocida como el cartel más poderoso, que se ha aliado con criminales de todos los pelambres para recibir el dinero con el cual financian el terrorismo y pretenden doblegar la voluntad de los colombianos. En esa enorme batalla, nuestra nación ha salido avante, no sin antes pagar el precio a través de la muerte de miles de personas y la destrucción de cientos de hectáreas dedicadas al narcocultivo. Hoy, el mundo reconoce que Colombia ha logrado reducir de manera dramática las áreas dedicadas a sembrar coca. Y aplaude el compromiso que ha llevado a desarticular numerosas organizaciones y a capturar o dar de baja a poderosos jefes del negocio. Por eso ya no somos el país con mayor cantidad de cultivos ilícitos ni el mayor exportador de drogas procesadas, gracias a la decidida actuación de la Fuerza Pública y a la política de los sucesivos gobiernos. Pero también es cierto que el consumo interno está creciendo. Con lo cual, el microtráfico está reemplazando a las estructuras que crecieron o se mantienen con la exportación de grandes volúmenes. Es decir, el problema está adquiriendo nuevos matices, mucho más peligrosos para la convivencia y la seguridad ciudadana, como lo está demostrando lo que ocurre en Tuluá, Cali o Medellín.La pregunta es entonces qué hacer: ¿Se dedican más recursos al combate de ese narcortráfico, ahora sin el apoyo de los Estados Unidos y demás países consumidores, en la medida en que el problema se reduce al ámbito interno? Y, ¿qué hacer con respecto a los adictos a las drogas o a los innegables fenómenos de criminalidad que crecen en la medida en que se expande el microtráfico?Como respuesta a esa inquietud, el expresidente César Gaviria encabeza una tendencia que reclama el fin de la guerra al narcotráfico, que implica enfrentar el fenómeno como un asunto de salud pública. Es un enfoque que gana simpatizantes, porque entre otras cosas llevará a acabar las enormes ganancias que genera la ilegalidad, a reducir el gasto público dedicado a esa lucha y a neutralizar los daños que causa a la sociedad. La pregunta es qué tanto estarán preparados los Estados para enfrentar un giro sin duda revolucionario que sin embargo no soluciona el problema de la adicción y sus consecuencias sociales.