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La emergencia moral

Un expresidente de la Corte Suprema de Justicia en prisión, acusado de traficar con sentencias, y dos más en proceso por idénticas razones, además de un magistrado en ejercicio del mismo tribunal acusado de maniobras similares, son razones suficientes para reconocer la emergencia moral por la que atraviesa Colombia.

24 de septiembre de 2017 Por: Editorial .

Un expresidente de la Corte Suprema de Justicia en prisión, acusado de traficar con sentencias, y dos más en proceso por idénticas razones, además de un magistrado en ejercicio del mismo tribunal acusado de maniobras similares, son razones suficientes para reconocer la emergencia moral por la que atraviesa Colombia. Y para llamar a la revisión de la actitud que debe existir con el fin de preservar la credibilidad del Estado.

La lista debe aumentarse con los procesos que tienen a un exmagistrado de la Corte Constitucional, al borde de un juicio por actuaciones irregulares en el ejercicio de sus funciones. Y con los ya innumerables jueces y fiscales que han sido acusados o condenados por ilícitos que benefician a personas con imputaciones en los despachos a su cargo.

Es la revelación de una crisis de valores que se pone en evidencia en momentos en que el país presencia con preocupación los escándalos de corrupción protagonizadas por Odebrecht, por empresas del sector privado, políticos, funcionarios y exmiembros del Ejecutivo y Congresistas o excongresistas envueltos en maniobras dirigidas al enriquecimiento ilícito, ya sea con recursos públicos o con las facultades y prebendas que generan sus cargos.

Con todo y la importancia de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, debe reconocerse que la situación no es nueva y tiene su origen en la falta de controles oportunos y en la impunidad rampante. La estela de inmoralidades y de hechos que atentan contra el patrimonio público y se producen por la falta de transparencia, da a entender que el país se hubiera acostumbrado a ellos, perdiendo la sensibilidad sobre el grave daño que ocasionan a la sociedad.

Más grave aún es pensar que el veneno de la corrupción se cura mediante la expedición de leyes y reformas que no responden a las necesidades de la Nación ni resuelven los problemas. Por supuesto, son muchas las cosas que deben modificarse para adecuar las instituciones a la cambiante realidad. Sin embargo, también es sabida la reticencia a adoptar esos cambios tan necesarios para evitar los abusos de poder, o el fracaso de reformas que, en el caso de la Justicia, casi siempre se estrellan con la renuencia de las Cortes a aceptar la supresión de poderes que no deberían estar a su cargo.

Sin duda, Colombia necesita cambios en sus leyes para corregir errores que dan paso a la corrupción. Pero ante todo se debe demostrar la voluntad de aplicar las existentes anteponiendo los intereses de la comunidad, y de romper con esa propensión a desconocer la ley y los principios éticos con el propósito de beneficiar intereses particulares. Es decir, se debe regresar a los principios que defienden el Bien Común como guía y ordenan la sanción legal y social contra quienes atenten contra él.

Afirmar que existe una emergencia moral en Colombia puede parecer estridente y en muchos casos excesivo. Sin embargo, es la verdad dura de hoy, que está llevando el país por rumbos peligrosos y reclama decisiones con las cuales se vuelva a imponer la ética por encima de la corrupción y la inmoralidad.

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