La cultura de lo ilegal

Diciembre 18, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Hecha la ley, hecha la trampa” parece ser la consigna de quienes compran pólvora para entregársela a sus hijos sin medir los riesgos a los cuales los exponen. O de aquellos que aún creen que realizan el gran negocio al ahorrarse unos pocos pesos cuando compran aguardiente adulterado, sin detenerse a pensar que ese ahorro puede significar la pérdida de su vida.

Niños con graves lesiones en su humanidad causadas por quemaduras; adultos que pierden la vida o quedan con serias lesiones orgánicas a causa de la ingesta de licores adulterados. Esa es la secuela que deja la persistencia en conductas dañinas que han sido prohibidas para defender a la gente y en trampas que le ahorran unos pocos pesos aunque en ellas se juegue la vida y la integridad física y mental.Según el informe que presenta hoy El País, a la fecha van 37 personas lesionadas con pólvora, muchas de las cuales viven verdaderos dramas al haber perdido la vista o al tener que ser mutilados en sus extremidades. Entre tanto, en los barrios y en las calles del centro de Cali, así como en los municipios vallecaucanos se desarrolla una actividad intensa para fabricar y comercializar los artefactos que causan esos dramas. Además de adjudicar la responsabilidad a las autoridades, muchos justifican esa actividad por la supuesta necesidad de generar empleo y de satisfacer la demanda. De otra parte, la crónica sobre la producción y venta de licor adulterado muestra hasta dónde en muchos sectores se considera normal ese negocio que mantiene una enorme cauda de clientes. Negocio que es ilegal no sólo porque evade impuestos y rompe el monopolio departamental: es perseguido ante todo por las catastróficas consecuencias que ocasiona en la salud de quienes lo ingieren. Son dos ejemplos del vacío que existe en la educación y la cultura de los colombianos, y que lleva a que las normas creadas para defender la vida y la salud se conviertan en rey de burlas. “Hecha la ley, hecha la trampa” parece ser la consigna de quienes compran pólvora para entregársela a sus hijos sin medir los riesgos a los cuales los exponen. O de aquellos que aún creen que realizan el gran negocio al ahorrarse unos pocos pesos cuando compran aguardiente adulterado, sin detenerse a pensar que ese ahorro puede significar la pérdida de su vida.Por supuesto, los defensores de esos comportamientos dirán que la culpa es del Estado por no entender que los vendedores de esos productos y quienes buscan el ahorro mortal han sido obligados por la pobreza y la falta de empleo. Quienes así piensan se empeñan en desconocer que el propósito de tales prohibiciones es precisamente proteger a la sociedad de actividades que ponen en riesgo a las personas que la componen. Y que las organizaciones que explotan esos negocios son los verdaderos beneficiarios de esa tendencia social a desconocer leyes creadas para defender a los ciudadanos.Es la cultura de la ilegalidad que en este caso pone en peligro a muchos colombianos, a niños que aprenden a hacer trampa y a adultos empecinados en costumbres peligrosas y antisociales. Por eso, si bien es necesario combatir a los criminales que se lucran de esa cultura, el Estado debe también educar a los jóvenes y las familias sobre la necesidad de acabar con esas costumbres que destruyen la vida en un segundo o dejan secuelas de las cuales, los damnificados también son responsables.

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