La claridad de la Corte

Luego de varios días de incertidumbre causada por especulaciones y cálculos políticos, la Corte Constitucional dio respuesta a una extraña consulta enviada por el presidente de la Cámara de Representantes sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Con ello se despejan las inquietudes sobre un choque entre los poderes públicos que sólo existe en quienes pretenden mantener con vida la polarización partidista sobre la paz.

La Corte fue clara y terminante al abstenerse de emitir cualquier concepto y mantener su facultad de revisar la constitucionalidad de las decisiones que tome el Congreso y sobre el trámite de las mismas. Fue su respuesta al presidente de la Cámara quien, sin conocerse aún cuáles fueron sus intenciones, pretendió convertir a ese Tribunal en órgano de consulta sobre un trámite que está suficientemente aclarado y reglamentado en la Constitución y las leyes que él debe conocer.

Con la respuesta termina un incidente que trasciende el ámbito jurídico y demuestra el afán por seguir usando la paz como bandera partidista para dividir en vez de unir y para desviar el interés nacional de los asuntos que hoy por hoy son causa de preocupaciones para la Nación. En adelante, y como ya parece que se ha iniciado, el Legislativo abocará como corresponde el estudio, debate y votación de las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley de la referencia.

Es importante resaltar que la definición de la Corte Constitucional implica el reconocimiento de la facultad del jefe del Ejecutivo a presentar objeciones basadas en razones de conveniencia. Y como lo expresó el Primer Mandatario en su alocución del pasado 10 de marzo, ahora corresponde al Legislativo hacer uso de sus facultades para aprobar o no los argumentos de las objeciones, en ejercicio de ese sistema de balance y coordinación entre las distintas ramas del poder público que fortalece la democracia y le da transparencia.

Lo que sigue es entonces el trámite en el Congreso, donde se podrán escuchar los puntos de vista de los partidos y movimientos allí representados. Y ante los intentos por convertir el asunto en una bandera a favor o en contra del Gobierno, debe hacerse otra claridad: la decisión que se tome, sea cual fuere el sentido que ella tenga, no significará el fin de la Justicia Restaurativa que se decidió en el acuerdo del Teatro Colón ni una imposición o atentado contra el Estado de Derecho que rige nuestras instituciones.

Expresar este punto de vista no significa tomar partido a favor o en contra del gobierno o de sus opositores. Es la obligación de dar claridad a un asunto que se está utilizando como bandería partidista, para lo cual se han lanzado y amplificado teorías y especulaciones en muchos casos absurdas que pretenden conseguir adhesiones o respaldos.

Ya se verá qué ocurre y el papel que cumplirán los legisladores, los jueces y el Presidente en el trámite de las objeciones. Por lo pronto hay que confiar en que actuarán con la altura y el compromiso necesarios para mantener la credibilidad en nuestro sistema democrático.


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