La burla de los invasores

Las invasiones en Cali muestran la debilidad institucional de un municipio que ha sido incapaz de encontrar los mecanismos para ponerle freno a la causa de muchos de sus peores problemas. También son la cara manifiesta del que es hoy un rentable negocio manejado por profesionales, que saben lucrarse de la miseria humana y de la incompetencia del Estado.El País fue testigo esta semana de la ley de burlas en que se convierten los desalojos adelantados por la Administración Municipal. Frases como “lo que están haciendo es limpiarnos el terreno” o “más se demoran en tumbar los cambuches que nosotros en armar otros”, pronunciadas por los invasores, son letra cumplida. Bastan unas pocas horas para que regresen al lugar de donde fueron sacados. Ahí está como ejemplo El Mortiñal, en las lomas del oeste de Cali, que se desmorona a los pies de quienes invaden una y otra vez, sin que la autoridad tenga los instrumentos adecuados para ponerle coto antes de que se presente una tragedia anunciada. O el jarillón del río Cauca, donde se desalojan 100 familias y llegan 200 más, o donde se volvió común ver regresando a quienes se les proporciona una vivienda para resolver su supuesto drama de desplazado, convirtiendo el lugar en una amenaza pública. El día que el jarillón se rompa por el deterioro que causa la depredación de las invasiones, se pondrá en riesgo la integridad de al menos un millón de caleños. Infortunadamente, Cali se convirtió en el destino preferido para los invasores profesionales. Es el resultado de una sucesión de gobiernos que han sido tolerantes con esas conductas y que prefieren recurrir a discursos populistas como el de ofrecer albergue y soluciones de vivienda gratis, en vez de enfrentar el problema como se debe: con decisiones políticas y haciendo valer el principio de autoridad. La ciudad no está en capacidad hoy de absorber las consecuencias que produce este fenómeno, como lo hizo hace 30 años con unos costos desmedidos, cuando se formó el Distrito de Aguablanca, la más grande invasión que se haya registrado en Colombia. Por eso, el hacinamiento y la miseria generan conflictos y son el caldo de cultivo para la violencia que padece la ciudad. La capital vallecaucana no puede seguir expuesta a las invasiones y a los problemas graves que le generan. Entre otras cosas porque a muchas de ellas no pueden llegar las autoridades o deben hacerlo sólo a través de la fuerza y la represión. Cali tampoco puede permitir que la abundancia de garantías que ofrece la ley se convierta en enemigo de los intereses de la ciudadanía que debe presenciar impotente el atropello descarado que se comete contra la propiedad privada y el espacio público. Al Gobierno Municipal hay que reconocerle su decisión de impedir las invasiones y respaldarlo en el propósito. Pero tiene que adoptar políticas y mecanismos efectivos que permitan responder al desafío de los invasores. De lo contrario, cada desalojo seguirá siendo una burla descarada a la ley, a las autoridades y a la ciudadanía caleña.