La amenaza de las Bacrim

Febrero 11, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"La pregunta es hasta cuándo debe prolongarse esa forma ‘negociada’ de resolver los problemas causados por los grupos que viven de la violencia".

El obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, ha propuesto una especie de negociación con los integrantes de las Bandas Criminales, como una forma de desmantelar unos grupos que pueden llegar a los 5.000 integrantes armados y dispuestos a causar daño. Momento para preguntar hasta cuándo y en qué condiciones deberá continuar Colombia dispuesta a negociar la Ley para detener los generadores de violencia.Monseñor Vidal ha explicado que no se trata de un proceso de paz por lo que no requiere de una negociación donde el Gobierno adquiera compromisos y otorgue excepciones. Según el Prelado, basta con que se les reconozca algún tipo de beligerancia, a cambio de lo cual, los jefes de cuatro de esas organizaciones aceptan suspender los actos delictivos, devolver las tierras e incluso someterse a un proceso de extradición, a cambio de lo cual desactivarán sus organizaciones.Como puede deducirse, las Bacrim que azotan el campo colombiano y tienen sus ramificaciones en las ciudades pretenden llevar al Estado a una nueva forma de transacción. Ahora ya no se habla de política, aunque se busca una solución política, ni más ni menos que una excepción a cambio de dejar de delinquir. Y de acuerdo con el señor Obispo, para el Gobierno es mejor oír la propuesta y hacer un acuerdo que permitiría desmovilizar a los bandidos y destinar a los pobres los recursos que se ahorrarán al terminar la guerra.Pero sucede que ese proceder se convirtió en costumbre. Y desde hace 40 años, Colombia se convirtió en especialista de desmovilizaciones negociadas, a sabiendas de que la debilidad en aplicar la norma implicará que la violencia tome nuevas formas, más sofisticadas, más ambiciosas. Son agrupaciones que giran alrededor de los negocios ilícitos que el Estado no puede controlar: el secuestro, el despojo de tierras, el narcotráfico, la extorsión. Que adquieren distintas denominaciones y buscan aliados para legitimarse. La pregunta es hasta cuándo debe prolongarse esa forma ‘negociada’ de resolver los problemas causados por los grupos que viven de la violencia. La respuesta se encontrará cuando la Nación se comprometa a desterrar la costumbre de convivir con la ilegalidad. Entendiendo la voluntad de aportar soluciones que eviten la aplicación de la Fuerza, es necesario reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el Estado, exigir que tenga el monopolio de las armas y reclamar que actúe como el único árbitro de la sociedad.Eso es lo que se ha querido lograr con la Política de Seguridad Democrática. Y aunque se han logrado grandes progresos, la existencia de las Bacrim tanto como el crecimiento de la violencia urbana, indican que aún falta mucho para lograr se propósito. Las declaraciones del Comandante de la Policía Nacional sobre ese fenómeno y su capacidad de desafiar o desconocer al Estado, indican la gravedad del asunto, y la urgencia de adecuar las instituciones judiciales para combatirlo. Todo lo cual obliga a pensar que más que una desmovilización lo que debe ocurrir es la entrega sin condiciones de sus integrantes y su acatamiento al ordenamiento jurídico.

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