La agonía de la salud

Agosto 24, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Pero, ¿qué ocurrirá con el resto de la red hospitalaria del Departamento, que con excepción de los hospitales de Sevilla y Buga, amenaza ruina? ¿Acaso también acudirá a la ley 550 de 1999, o deberán liquidarse? Y en el último caso, ¿quién velará por la salud de los más de tres millones de personas que cubren esas entidades?

La Red hospitalaria del Valle está grave y afecta a los cuatro millones de personas a las cuales debe prestar sus servicios de salud. Esa realidad contrasta con los anuncios del Gobierno Nacional sobre apoyos para paliar la crisis del sistema que aguarda decisiones de fondo para evitar su parálisis. Según el Secretario de salud del Valle, once hospitales públicos en el Departamento, incluido el Universitario de Cali presentan deudas vencidas por $300.000 millones. Entre ellos se destacan el de Buenaventura que lleva más de diez años en crisis, con embargos por $2.000 millones y deudas acumuladas por $16.091 millones, el Siquiátrico de Cali que debe $15.588 millones o el Mario Correa Renjifo, con $18.130 millones. Son cifras que explican con suficiencia el tamaño de un problema del cual se conocen sus causas y al que no se le ha podido o no se le ha querido poner remedio.En efecto, lo que se sabe es que la mala administración y la corrupción, son dos de los grandes impulsadores de la debacle que amenaza a la red hospitalaria vallecaucana. Es el caso de Buenaventura, que lleva por lo menos cinco reestructuraciones financieras en los últimos diez años. Pese a ello, el problema crece, y los gobiernos tanto locales como regionales han eludido la obligación de aplicar medidas drásticas para detener el desangre. Es que la razón está en que los vicios engendrados en el clientelismo son hoy los mayores enemigos de uno de los servicios públicos más importantes para cualquier sociedad. Más en la nuestra, donde esos centros deben atender a la población de menos recursos, lo que es aprovechado para implantar una especie de chantaje, que consiste en gastar con el argumento de que no se le puede negar la atención a los pobres, mientras las nóminas son hinchadas sin compasión, las drogas se pagan a precios exorbitantes y los gerentes de las casas de salud no reciben sanción alguna por sus malos procederes. Por supuesto, la crisis que afecta al sistema de salud también se refleja en las cuentas sin pagar de las Empresas Prestadoras de Salud, a cargo de las cuales hay un pasivo con el HUV de más de $100.000 millones. Sin embargo, ello no puede excusar que, según el gobernador Ubeimar Delgado, “sus ingresos por servicios prestados sean de $3.000 millones mientras la nómina está alrededor de los $8.000 millones”. Y que mientras el Hospital tiene una planta de 1400 empleados, existan 1250 contratados con agremiaciones sindicales o cooperativas, de acuerdo con lo informado por su dirección. A lo que hay que agregar que algunas de ellas tienen un claro origen político. Ahora se tomó la decisión de acudir a la ley de quiebras para darle aire al HUV. Medida sana, que obligará a reestructurar la entidad y a aplicar un manejo eficiente. Pero, ¿qué ocurrirá con el resto de la red hospitalaria del Departamento, que con excepción de los hospitales de Sevilla y Buga, amenaza ruina? ¿Acaso también acudirá a la ley 550 de 1999, o deberán liquidarse? Y en el último caso, ¿quién velará por la salud de los más de tres millones de personas que cubren esas entidades?

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