Juventud y orden público

Juventud y orden público

Octubre 24, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Por eso, ya parece que los jóvenes dejaron de ser el futuro...

Mientras Cali, y en general la sociedad colombiana, presencian el incremento de la delincuencia juvenil, el Estado sigue dando palos de ciego. Y se persiste en la idea de que la creación o sustitución de normas que crean delitos y aumentan las condenas son el elíxir para resolver el problema, mientras el abandono y la marginalidad de jóvenes y niños sigue causando estragos en la convivencia y la tranquilidad de las comunidades.Esa equivocación se refleja con nitidez en la capital vallecaucana. Hace pocos años se reformó el código del menor que creo nuevos castigos para los menores acusados y sentenciados por toda clase de delitos. Y se ordenó la construcción de centros supuestamente adecuados para recibirlos y realizar la rehabilitación que ordena la ley. Por supuesto, y a pesar de los elogios que los gobernantes de turno le daban a la norma, no tardaron en aparecer las disculpas para cumplir con la obligación. Empezó entonces un peloteo entre Bienestar Familiar, la Policía, el Municipio y las autoridades nacionales, que impidió definir con claridad a qué institución le correspondía asegurar que se cumplieran los mandatos legales. Y mientras Cali padecía ese espectáculo, el fenómeno de la delincuencia juvenil crecía en las calles, de la mano del abandono del Estado a la juventud y a la niñez. Por eso, ya parece que los jóvenes dejaron de ser el futuro y la posibilidad de construir una sociedad pacífica, para transformarse en un problema que amenaza con convertirse en inmanejable. Ahora mismo, la polémica sobre los centros de reclusión y las responsabilidades que le competen a cada uno de los entes y autoridades del orden nacional municipal y departamental es propia de una tragicomedia que demuestra la ausencia de una política seria sobre el menor y la familia con la cual se evite el crecimiento absurdo de la delincuencia juvenil. Por eso, los funcionarios de todo orden se trenzan en discusiones sobre quién debe construir cuál centro de reclusión y de qué tamaño, mientras el número de niños y jóvenes detenidos crece en proporciones alarmantes, haciendo que cualquier estimativo se quede corto y poniendo la tutela como el último recurso. Tiene razón el director seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al decir que la responsabilidad por la crisis de los centros no es sólo de esa entidad. Cali, por ejemplo, es poco lo que hace para atender el problema, y en evitar que crezca el flujo interminable que aumenta la demanda de sitios de reclusión, desconociendo que la convivencia nace de enseñar a los niños a ser buenos ciudadanos. Por absurdo que parezca, para la Administración Local es preferible gastar $22.000 millones al año en guardas cívicos, cuyo resultado es bien discutible.“Educa al niño y no tendrás que castigar al delincuente”, reza una frase escrita a la entrada de muchas cárceles en Colombia. Por no aplicarla en toda su sabiduría, los menores en Cali se han convertido en asunto de orden público. Y las políticas para formar buenos ciudadanos están siendo desplazadas por la urgencia de reprimir a jóvenes y niños que infringen la ley.

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