Justicia para Cali

"...la ciudad está a merced de la impunidad que genera la reticencia del Estado a cumplir con su obligación de ofrecer recta y cumplida justicia para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos"

Reclamar por la Justicia en Cali parece ser ya un asunto que por lo reiterado está en el archivo. Error grave que causa estragos y pone en peligro de fracaso cualquier estrategia para combatir la delincuencia en una de las ciudades de Colombia más golpeadas por la criminalidad. Con motivo de la escalada experimentada por los índices de muertes violentas, la Policía Nacional redobló sus esfuerzos en cantidad, al trasladar cifras importantes de efectivos y recursos hacia la capital vallecaucana, y de calidad, al destinar cuerpos especializados en el combate a los fenómenos criminales de mayor ocurrencia en la ciudad. Los resultados se ven en el incremento de las capturas y el desmantelamiento de estructuras tenebrosas que se habían apoderado de grandes sectores de Cali. Sin embargo, la decidida actuación de las autoridades empieza a padecer el cuello de botella de un aparato de Justicia incapaz de responder a la actividad policial y a los reclamos de la ciudadanía. Por increíble que parezca, y según el informe que presenta El País en esta edición, cada uno de los 176 fiscales en Cali puede estar atendiendo 300 casos en forma simultánea. Y cada uno de los 15 fiscales de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía puede tener en su despacho 121 procesos relacionados con los 1.819 homicidios registrados en la ciudad en el 2012.Esa realidad lleva a que el 41% de los 60.000 procesos que están en curso padezca de la parálisis. En forma precisa, y según lo informa un miembro de la Unidad encargada de los homicidios, puede decirse que de los 2.900 expedientes en trámite, 1.200 están archivados. Lo que se traduce en que sus autores están libres para continuar con sus crímenes. Es decir, la ciudad está a merced de la impunidad que genera la reticencia del Estado a cumplir con su obligación de ofrecer recta y cumplida justicia para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.Con lo cual se manda un alarmante mensaje: al parecer, el asunto no es evitar y reprimir las conductas antisociales sino ejecutar presupuestos raquíticos que no responden a las necesidades de los colombianos. O, ¿de qué otra manera puede interpretarse el que se le ofrezcan 25 fiscales más a Cali y sólo se anuncie la llegada de 9 de esos funcionarios en mayo próximo? ¿Qué eficacia puede alcanzarse cuando no hay suficientes investigadores de la Fiscalía, de la Policía Judicial, jueces, defensores de oficio para prestar el servicio público más importante en cualquier sociedad que se diga civilizada y democrática?El resultado es que la Justicia en Cali se ha convertido en un cuello de botella para resolver el problema de seguridad que padece una urbe de dos millones quinientos mil habitantes. Que sigue soportando la falta de sedes adecuadas, mientras se anuncian obras que no se ejecutan o recursos que no llegan. Donde no hay lugares adecuados para realizar audiencias suficientes, lo que implica devolver a la calle a millares de delincuentes capturados por la Policía, ni suficientes investigadores para instruir los procesos. Es la amenaza que crece porque el Estado persiste en ignorar los estragos que causa la omisión.