Justicia o política

Noviembre 25, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Sin duda, la ley es una forma de perdón, extrema si se quiere, sin que ello signifique el olvido de los crímenes o ignorar la obligación de los victimarios de reparar a sus víctimas.

De nuevo, los esfuerzos para desmovilizar el grueso de los efectivos de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, parecen naufragar a causa de la sentencia de la Corte Constitucional anulando la ley que otorgaba beneficios a 19.000 personas. Con lo cual quedan en el limbo los compromisos que el Estado asumió para desarmar uno de los más peligrosos y letales grupos ilegales.La sentencia se refiere a una norma que amplió el concepto de la oportunidad, con lo cual se dotaba a la Fiscalía de una herramienta para lograr por medios pacíficos y legítimos la desactivación de uno de los factores que más daño le produjo a Colombia en su historia reciente. Sin duda, la ley es una forma de perdón, extrema si se quiere, sin que ello signifique el olvido de los crímenes o ignorar la obligación de los victimarios de reparar a sus víctimas.El principio de oportunidad se pretendía aplicar a quienes no fueron jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico y que, fuera de haber pertenecido a los grupos paramilitares, no cometieron delitos ni antes ni después de su desmovilización. Un recurso polémico, sin duda, que fue utilizado para llenar uno de los grandes vacíos de la Ley de Justicia y Paz.Es claro entonces que la norma declarada inconstitucional era ante todo una solución política. Tal decisión fue objeto de críticas y debates por lo que podría significar como un esguince al ordenamiento penal que se aplicara para el concierto para delinquir agravado. Al final, el Congreso la aprobó pensando en la paz y en desatar los nudos que impedían la desmovilización de miles de personas que formaban las AUC.Ahora, en una decisión de cinco votos contra cuatro, la Corte Constitucional echó para atrás la medida con argumentos respetables. Como todas sus sentencias, el pronunciamiento debe ser acatado una vez se conozca en su integridad, así no se comparta. Pero hay que resolver el problema de tener que juzgar a más de 19.000 efectivos de las AUC que se desmovilizaron después del 2005, atendiendo los ofrecimientos del Estado. Deberán ser juzgados con todo el rigor de la ley y recibir castigos que en muchos casos pueden quintuplicar las penas impuestas a sus jefes por la Ley de Justicia y Paz, fijadas en un máximo de ocho años.Con los antecedentes sobre la precaria aplicación de esa legislación, pese a haber transcurrido ya cinco años desde su expedición, existen dudas razonables sobre la capacidad del aparato judicial para procesar esas miles de personas y el riesgo de desperdiciar la oportunidad para integrar a la sociedad a quienes demuestren su arrepentimiento y su compromiso con la restauración a las víctimas. Y si no se está abriendo el camino a una impunidad donde no haya ni verdad ni reparación. Además de crear la sensación de una nociva inestabilidad jurídica, todo ello genera un problema que supera el marco jurídico para situarlo de nuevo en el ámbito de las decisiones políticas. Es la paradoja de un Estado de Derecho que debe tomar decisiones que beneficiarán a delincuentes confesos para alcanzar el bien supremo de la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.

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