Justicia o poder

Marzo 01, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"El error que hoy tiene en vilo la Justicia se produjo desde el momento en que la Corte no pudo llenar las cinco vacantes que quedaban, las que dieron pie a la interpretación que llevó a la elección anulada, e incluso fue incapaz durante meses de elegir su presidente".

Con la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la Fiscal General, la Justicia en Colombia recibe un golpe causado por los afanes políticos que permearon su dirección, produciendo resultados donde la Ley queda al arbitrio de quienes pretenden imponer el imperio de los jueces. Pueda ser que no se prolongue la nueva interinidad a la que se verá sometido el más importante organismo para perseguir el delito. El fallo del Consejo de Estado reconoce que cuando los reglamentos de la Corte Suprema de Justicia exigían una mayoría de 16 votos sobre los 23 que componen la Sala Plena del máximo tribunal de Justicia, ésta no podía quedar a potestad de los magistrados. Que debía ser ese el principio a respetar y no interpretaciones caprichosas de quienes, como el magistrado Augusto Ibáñez dio su voto afirmativo “sólo por esta vez” y para superar “una situación de dificultad”. O de quienes como el magistrado Jaime Arrubla anunciaron que votaban la interpretación que justificaba la elección con sólo 14 votos afirmativos a pesar de considerarla ilegal, argumentando la necesidad de evitar mayores daños a la credibilidad de la Corte por su demora. Cinco magistrados se opusieron al despropósito. El magistrado William Namen Vargas expresó: “Voto negativamente la proposición de ‘interpretación’ para disminuir las mayorías vigentes en las elecciones, porque en mi sentir, los artículos 1º. y 3º. del actual Reglamento de la Corte Suprema de Justicia, son claros, explícitos e inequívocos a propósito, y la sugerida disminución, únicamente puede y debe adoptarse mediante reforma expresa, la cual sugiero a la Sala Plena”. Pero no tuvo audiencia. Es que la Corte venía de 13 meses de demorar una decisión que no es una prerrogativa como lo quieren hacer parecer los pregoneros del gobierno de los jueces, sino una obligación constitucional y moral, la de designar el Fiscal General de la Nación. Y emergía de un enfrentamiento con el Gobierno de entonces, descalificando sus candidatos y exigiendo que los aspirantes debían tener experiencia en el derecho penal, algo que no aparece en norma alguna. El error que hoy tiene en vilo la Justicia se produjo desde el momento en que la Corte no pudo llenar las cinco vacantes que quedaban, las que dieron pie a la interpretación que llevó a la elección anulada, e incluso fue incapaz durante meses de elegir su presidente. Era, cómo no, la lucha política por el poder que dividió a la Corte, apartándola por un largo tiempo de su sagrado deber de impartir rápida y cumplida justicia. Eso fue lo que reconoció el Consejo de Estado en su fallo del pasado martes.Y ahora puede ser la razón para que se vuelva a producir una larga interinidad, si quienes se obsesionan en mezclarle política a la función jurisdiccional persisten en sus intenciones. Hoy, la perdedora es la Justicia colombiana, y no por culpa del fallo. Y la gran damnificada es Viviane Morales, quien deberá abandonar su cargo a causa de las ambiciones de poder de quienes se negaron a elegir el Fiscal por razones políticas y de pronto pasaron por encima del reglamento de la Corte en forma por demás olímpica.

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