Inversión y ecosistema

Inversión y ecosistema

Febrero 07, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Hay que darle garantías a la inversión privada nacional o extranjera dedicadas a la minería para que traiga sus recursos, extraiga las riquezas que hay en el suelo colombiano e impulse el progreso del país. Pero eso tiene un límite que se llama el desarrollo sostenible.

El pasado 13 de enero, el semihundimiento de una barcaza perteneciente a la multinacional Drummond en Ciénaga Magdalena y con 2957 toneladas de carbón afectó, por enésima vez en los últimos años, el ya deteriorado ecosistema de la costa norte de Colombia. Y nuevamente se descubren las limitaciones, algunas veces incomprensibles, de la capacidad del Estado para defender el medio ambiente. Son más de veinte años en los cuales se han denunciado y descubierto decenas de accidentes producidos por las poderosas compañías extractoras de carbón en el Cesar, Magdalena y la Guajira. Durante todo ese tiempo, el país ha tenido que limitarse a escuchar débiles explicaciones y a ver cómo se imponen pequeñas multas a empresas con suficiente capacidad para realizar las inversiones que se requieran y que a través de los contratos de concesión se comprometieron a impedir el deterioro del medio ambiente causado por sus actividades. Pero hasta ahora, la respuesta del Estado sigue siendo limitada, a pesar de las evidencias que se aprecian a simple vista en las playas del Rodadero en Santa Marta, en las casas de habitación ubicadas cerca de las carrileras por donde pasan los trenes o en los hoteles que se supone son incentivados a desarrollar el turismo en la región. Y en vez de estar atenta a revisar de manera permanente una actividad riesgosa la autoridad ambiental reacciona tarde y con un lenguaje leguleyo que además de no impedir que se consume el daño, se convierte en la oportunidad de dilatar o escapar de las sanciones y las reparaciones que deben pagar quienes perjudican el medio ambiente.Por supuesto que hay que darle garantías a la inversión privada nacional o extranjera dedicadas a la minería para que traiga sus recursos, extraiga las riquezas que hay en el suelo colombiano e impulse el progreso del país. Pero eso tiene un límite que se llama el desarrollo sostenible. Es decir, que esas empresas que tendrán todas las garantías para poner a funcionar sus negocios no pueden arrasar el medio ambiente ni causar daños irreparables en forma irresponsable e impune. Y que el Estado debe ser guardián celoso del interés público, esto es, evitar los daños irremediables a nuestro ecosistema. Obligación que debe cumplirse por igual tanto para la minería ilegal que destruye la zona de Zaragoza como para la extracción de oro mediante concesiones, para las enormes minas de carbón en la Guajira o para las de níquel en Córdoba.Hoy, dos años después de anunciarlo y argumentando que no se han completado las farragosas consultas a los grupos étnicos, el Gobierno Nacional aún no ha presentado el proyecto de reforma a las Corporaciones Regionales, entidades encargadas de proteger el medio ambiente. Pero el deterioro sigue un camino al parecer inexorable, impulsado por el afán de lucro y la ausencia de controles efectivos, cuando no de la anuencia de funcionarios que se hacen los de la vista gorda frente al daño que tanto las bandas criminales como las empresas que desconocen la ley le causan al medio ambiente de Colombia.

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