Inquietudes válidas

Inquietudes válidas

Octubre 29, 2017 - 07:00 a.m. Por: Editorial .

A pocos días de terminar el plazo para aplicar el Fast Track a los proyectos que desarrollan el acuerdo del teatro Colón de Bogotá, está pendiente de definirse el que reglamenta la Justicia Especial para la Paz. En su trámite se han presentado varias inquietudes que deben ser debatidas de manera pública.

La primera inquietud se refiere a la falta de una decisión de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo que creó esa nueva jurisdicción para aplicar la justicia transicional en el juzgamiento a los hechos y personas que de una u otra forma tuvieron relación con el conflicto. Esa sentencia es necesaria para evitar la incertidumbre que puede ocasionar el que en la reglamentación se adopten preceptos que no tengan en cuenta las decisiones del órgano encargado de defender e interpretar la Constitución.

Es importante anotar que el Tribunal Constitucional recibió ya el concepto de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, solicitado por él y que debería servir de instrumento para armonizar las normas que se emitan en desarrollo de los acuerdos con la legislación internacional. Aunque las recomendaciones de la señora Fatou Besouda no son de obligatorio cumplimiento, deben ser tenidas en cuenta también por los legisladores en la medida en que reflejan el pensamiento de la Corte Internacional con respecto a los delitos atroces y de lesa humanidad.

Otro punto polémico es la autorización para que los integrantes de las Farc vinculados y acusados por esa clase de delitos puedan ser elegidos al Congreso o desempeñar la Presidencia de la República. El debate se extiende hasta qué ocurre después de que se presenten ante la JEP, declaren su vinculación, acepten sus responsabilidades y sean condenados.

Durante varios meses, esa preocupación ha sido motivo de polémicas y desencuentros. Y se ha llegado a una propuesta según la cual el exguerrillero elegido que se presente ante la JEP y sea condenado a la limitación de su libertad deberá renunciar a la curul que haya obtenido.

Es claro que hasta ahora esa es una propuesta. Y entendiendo que tanto el Gobierno como los integrantes de la Unidad Nacional que lo respalda están comprometidos en cumplir los acuerdos con las Farc, es momento para reconocer que la inquietud tiene una validez indiscutible, como reflejo del pensamiento de muchos sectores de la vida nacional.

Esa preocupación debe ser escuchada también por las Farc. Nada puede causar más daño al propósito de la reconciliación que imponer la presencia de personas que han reconocido su vinculación en hechos como el asesinato de los Diputados del Valle, como la voladura del Club el Nogal en Bogotá o como la autoría de los campos de concentración en las selvas del oriente colombiano.

En ese orden de ideas, la inquietud sobre ese punto debe ser atendida tanto por el Gobierno y los legisladores como por los integrantes de las Farc. Si se elimina la autorización para que los responsables de delitos atroces o de lesa humanidad puedan ser elegidos, demostrarán que valoran la opinión de los colombianos y están dispuestos a hacer rectificaciones para lograr que la decisión que adopten sea motivo de reconciliación y no razón para la discordia.

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