Inmunidad innecesaria

Agosto 05, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Segunda instancia para los Congresistas en los procesos penales y propuestas para reemplazar la Comisión de Acusaciones por un organismo efectivo y capaz de administrar rápida y cumplida justicia como lo manda la Constitución.

Aunque reconoce la necesidad de establecer la segunda instancia para los procesos penales que involucran a los integrantes del Congreso de la República, la Nación todavía se está preguntando qué pretende el Presidente del Senado al proponer que se reviva la figura de la inmunidad parlamentaria.Por encima de la concepción partidista sobre el papel que cumple un representante de la voluntad popular está la obligación de asumirlo con la transparencia y el apego a la ley que implica tan alta responsabilidad. Y ello no se garantiza al revivir una inmunidad que se explica quizás en otras épocas, donde existían temores justificados sobre la posible parcialización política de la justicia que condujera a perseguir a los voceros y representantes de partidos distintos a los de los jueces.Pero estamos en el siglo XXI, han pasado varias Constituciones, la Justicia es más independiente que nunca pese a las ambiciones de uno que otro magistrado, y los hechos han demostrado que los procesos no han sido afectados por intereses distintos a la estricta aplicación de la ley.En esas condiciones, nada podría justificar que se reviva una inmunidad ante la aplicación de la justicia. Por el contrario, sería interesante pensar qué hubiera ocurrido si en las épocas tortuosas del proceso 8.000 o de la vinculación del narcotráfico a la política que aún no termina, o de la llamada parapolítica, hubiera existido el fuero. ¿Qué hubiera pasado si se le pide al Congreso que levante el fuero a los más de 100 congresistas que fueron pedidos por los jueces para que respondieran por el nefasto maridaje de personas elegidas en cargos de representación popular y el paramilitarismo?Cosa distinta es que se cree sin demoras la segunda instancia para los Congresistas que afronten cualquier tipo de acusación penal. Además de responder a la importancia de su investidura lograda en procesos democráticos, tal decisión corresponde al derecho de defensa que debe arropar a cualquier ciudadano, independiente de sus cargos, creencias o filiaciones políticas. Más aún, cuando algunos de los magistrados de la sala penal de la Corte, por fortuna ya retirados, dieron muestras de cierto sesgo en sus actuaciones.Así se resuelve la preocupación justa sobre la debilidad de los Legisladores frente a la Justicia penal. Como debe resolverse el absurdo de una Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que ha dejado en la impunidad miles de investigaciones contra Magistrados, Presidentes de la República y demás funcionarios con fuero. Eso le hace daño a las instituciones porque deja en el aire la reputación de sus más altos dirigentes, lo que sin duda golpea la confianza y la credibilidad del Estado. Segunda instancia para los Congresistas en los procesos penales y propuestas para reemplazar la Comisión de Acusaciones por un organismo efectivo y capaz de administrar rápida y cumplida justicia como lo manda la Constitución. Soluciones como esas impedirán que la defensa de la verdad y de la libertad de los congresistas se reduzca a una inmunidad innecesaria.

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