Iniciativas peligrosas

Iniciativas peligrosas

Marzo 25, 2018 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

Luego de la incertidumbre que creó la presentación de nuevo de un proyecto de ley para facilitar la desmovilización de las bandas criminales y la inclusión de los grupos residuales de las Farc, la intervención del propio Presidente de la República parece devolver las cosas a su cauce. Sin embargo, queda en el ambiente la sensación de que existe una tendencia empeñada en encontrar soluciones con leyes que favorecen a quienes las desconocen.

Hace unos meses, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto casi idéntico dirigido a clasificar como un asunto de familias que siembran cultivos ilícitos para ofrecerles una excepción al tratamiento penal de su conducta siempre que se acojan a la sustitución voluntaria. Ese proyecto, que pretendía tramitarse mediante el fast track, fue rechazado por el Congreso después de recibir críticas tanto del Fiscal General de la Nación como de la opinión pública e incluso desde sectores del mismo gobierno.

En esta ocasión, el proyecto presentado reduce el área para entregar beneficios a las que considera familias que siembran cultivos ilícitos. Es una nueva clasificación igual de arbitraria que producirá una inquietud explicable y generará la reacción de quienes consideran que con ese tipo de iniciativas sólo se demuestra la poca voluntad para enfrentar como corresponde al narcotráfico en todas sus expresiones.

Igual ocurrió con la propuesta de incentivos para las llamadas bandas criminales, a las cuales les cambiaron de denominación, tratando de darles reconocimiento político. Los autores piensan que con ello se estimula la desmovilización, a pesar de las malas experiencias del pasado y sin tener en cuenta las dificultades del Estado para obligar a los delincuentes a cumplir sus compromisos. Ahora, el proyecto pretende extender las ventajas a los disidentes de las Farc que no se acogieron a los acuerdos del Gobierno con el grupo guerrillero y continúan cometiendo toda clase de delitos.

Las propuestas tienen la intención de crear excepciones para incentivar el regreso a la legalidad, lo cual parece inobjetable. El problema es que los delincuentes sólo las aceptan cuando les ofrecen beneficios que casi siempre terminan con la impunidad total, incluida la posibilidad de evadir la obligación de devolver sus riquezas o de reparar a las víctimas.

Por ello produjeron de nuevo la reacción del fiscal Néstor Humberto Martínez, respaldadas por el presidente Juan Manuel Santos. Ellas desnudan también la falta de una política criminal seria y coordinada entre los organismos de Justicia y del Ejecutivo que crea vacíos y estimula la delincuencia.

Y son además incentivos perversos para la cadena de producción del narcotráfico, ocasionando grandes desastres como los que le ha tocado padecer a nuestra Nación en las últimas décadas. Por eso, hay que recordar que la obligación de los servidores públicos es hacer cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes, lo cual no es posible cuando se convierte en costumbre cambiar las normas y renunciar al ejercicio de la autoridad en la creencia de que con ello se consigue la paz.

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