Ilegalidad y tragedia

La minería ilegal en el norte del Cauca nada tiene que ver con una labor artesanal tradicional, como algunos han querido presentarla. Es un negocio tan rentable que de él se están lucrando la guerrilla, paramilitares y narcotraficantes, los tres enemigos de la tranquilidad en ese Departamento y del resto de Colombia. Por eso a los peligros propios de la extracción minera sin control se suma la violencia que ejercen esos grupos para mantener el dominio en la zona, impedir las acciones de las autoridades y apoderarse de una riqueza que pertenece a la Nación.

Era cuestión de tiempo que la tragedia enlutara a Santander de Quilichao por cuenta de la minería ilegal: el socavón que se derrumbó en la vereda San Antonio está a la vista de todos, los riesgos fueron advertidos y nada se hizo. La incapacidad del Estado para enfrentar un problema que se repite en todo el país quedó demostrada una vez más.Hace un año, en abril del 2013, la Alcaldía del municipio ubicado en el norte del Cauca expidió la orden de cerrar la mina de oro porque operaba sin permisos y representaba un peligro. Según el alcalde, Luis Eduardo Grijalba, la Agencia Nacional de Minería no atendió la petición porque la Administración local no tenía competencia y en un intento por ejercer autoridad el Secretario de Gobierno fue agredido, amenazado y debió abandonar la población. El resultado de la indiferencia de la Nación y de la ineficacia de las autoridades que deben hacer cumplir la ley son los cuatro mineros muertos cuyos cuerpos ya fueron rescatados, y entre 13 y 20 más que estarían debajo de los 10 mil metros cúbicos de tierra que sepultaron el socavón de 30 metros de diámetro. La de Santander de Quilichao es la cuarta tragedia que se presenta este año en el país con un saldo parcial de 12 personas fallecidas y un centenar heridas, los riesgos de todas estaban anunciados sin que se tomaran medidas.La minería ilegal en el norte del Cauca nada tiene que ver con una labor artesanal tradicional, como algunos han querido presentarla. Es un negocio tan rentable que de él se están lucrando la guerrilla, paramilitares y narcotraficantes, los tres enemigos de la tranquilidad en ese Departamento y del resto de Colombia. Por eso a los peligros propios de la extracción minera sin control se suma la violencia que ejercen esos grupos para mantener el dominio en la zona, impedir las acciones de las autoridades y apoderarse de una riqueza que pertenece a la Nación.Mientras Santander de Quilichao en el Cauca, Zaragoza en el Valle o Santa Bárbara de Iscuandé en Nariño, para nombrar algunos, están expuestos a los riesgos de la minería ilegal, al deterioro de sus riquezas naturales y al acecho de la violencia, las decisiones que se toman en el Gobierno Central parecen quedarse en la capital sin que las acciones de control lleguen a las regiones. El problema parece haber desbordado la capacidad del Estado.Las cifras hablan por sí solas. De las 600 personas capturadas por la Policía en el último año por ejercer la minería ilegal, sólo 30 han sido condenadas; la Fiscalía aún no resuelve las 6000 mil investigaciones que adelanta. Pero las retroexcavadoras ilegales, los mineros y los riesgos regresan a los socavones cerrados, como se ha visto en el río Dagua, continuando con una depredación peligrosa, a orillas de una carretera por donde pasan a diario miles de personas y autoridades. Como consecuencia, los resultados de las políticas estatales y del ejercicio de la autoridad para detener esta actividad han sido precarios. Y de no hacerse los cambios que se requieren se seguirán poniendo en peligro la vida de miles de mineros, el medio ambiente del país y al campo colombiano.