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¿Historia sin final?

Cuando se creía que la peor tormenta en la historia política en Brasil comenzaba a amainar, la Justicia anunció que casi la mitad del Congreso y ocho altos funcionarios del gobierno están siendo investigados por corrupción. Es el nuevo terremoto que sacude las estructuras de poder y las instituciones del gigante suramericano.

16 de abril de 2017 Por: Editorial .

Cuando se creía que la peor tormenta en la historia política en Brasil comenzaba a amainar, la Justicia anunció que casi la mitad del Congreso y ocho altos funcionarios del gobierno están siendo investigados por corrupción. Es el nuevo terremoto que sacude las estructuras de poder y las instituciones del gigante suramericano.

Mientras se encontraban en sesión, la Cámara de Representantes fue sorprendida por el anuncio de que el Tribunal Supremo Federal investiga a 108 de sus integrantes, señalados de prácticas corruptas en las confesiones de los antiguos ejecutivos de Odebrecht.

Esta noticia, sumada a la investigación abierta contra ocho ministros del actual gobierno, abre de nuevo el interrogante sobre la credibilidad en las estructuras políticas brasileñas. Es que los señalados son pesos pesados de la institucionalidad en los últimos 20 años.

Según la Fiscalía, entre los acusados de recibir sobornos o apoyos ilegales a cambio de contratos o leyes que podrían favorecer a la constructora están cinco presidentes: Dilma Rousseff, Lula Da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello y José Sarney. Y doce de los 27 gobernadores de los estados, los jefes de los dos principales partidos de gobierno y los presidentes de las dos cámaras.

De las salpicaduras de esta trama de corrupción y favorecimientos no se salva ninguno de los grandes de izquierda o derecha. En sus nueve meses en el poder, luego de reemplazar a la destituida Dilma Roussef, el presidente Michel Temer ha perdido a siete de sus ministros por causas relacionadas con la corrupción.

El propio Jefe de Estado está en medio del huracán ante las acusaciones de antiguos ejecutivos de Odebrecht que también lo señalan de recibir dineros para financiar campañas de su partido cuando era vicepresidente de Rousseff. Aunque la Constitución del Brasil impide juzgar a un jefe de Estado por actos cometidos antes del ejercicio de su cargo, un magistrado del Tribunal Superior Electoral pide su destitución al encontrar indicios de que la campaña del 2014, con su aliada Rousseff, fue permeada con dineros sucios.

Lo que evidencia la trama de corrupción sistemática que reveló la Operación Lava Jato, es cómo se puede pervertir la política, “una de las formas más altas del amor, de la caridad”, como la definió el papa Francisco. Lo sucedido en Brasil ha desnudado la práctica de poner los intereses personales por encima de los de los ciudadanos, quebrando de paso la confianza en las instituciones y en la capacidad de sus representantes para solucionar sus problemas.

La crisis en Brasil no es un hecho aislado en América. La corrupción ha hecho metástasis y se ha reproducido con diferentes variantes en Latinoamérica. Por eso, cómo se resuelva el caso brasileño tendrá un gran impacto en el resto de la región.

Empero, es de ponderar que la Justicia ha cumplido con su tarea, a pesar de las presiones y los intentos de desprestigio. Ahora, la sociedad brasileña debe asumir su papel, castigando las prácticas corruptas de políticos y empresarios. Lo contrario sería aceptar el final de la democracia.

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