Garantías y límites

"Pasada una semana desde que el Presidente anunció su aspiración a la reelección, de acuerdo con el mandato legal, el ambiente se caldea y sube de tono, llegando incluso a asomarse una confrontación entre el Gobierno y la Procuraduría General de la Nación".

Como era de esperarse, la falta de precisiones sobre las consecuencias que tendría el que un Presidente de la República aspirara a su reelección está generando un debate difícil y propenso a la radicalización. Un debate que puede causar daños y dejar secuelas si no se le pone un marco que proteja la credibilidad de la democracia y evite los abusos de poder. Pasada una semana desde que el Presidente anunció su aspiración a la reelección, de acuerdo con el mandato legal, el ambiente se caldea y sube de tono, llegando incluso a asomarse una confrontación entre el Gobierno y la Procuraduría General de la Nación. Mientras el uno quiere empezar su campaña cuanto antes, la entidad encargada de vigilar la actuación del Estado y de sus funcionarios trata de fijar criterios sobre cómo debe ser esa participación. Y llegó ya al momento en el cual afirmó que la legislación le prohíbe al Presidente participar en la convención del Partido Liberal, además de fijar sus criterios sobre el uso de los medios de comunicación para hablar de la obra de gobierno de tal manera que no se interprete como parte de la campaña proselitista. Por su parte, el Primer Mandatario y su Ministro de Justicia han actuado conforme a su criterio, considerando que esa participación en actos partidistas está autorizada por la Constitución, además de pedirle al Consejo de Estado un concepto sobre cómo debe ser la presencia del Jefe del Estado en la campaña reeleccionista, un derecho que le reconoce la Constitución Nacional desde el año 2006. Con más o menos detalles, así va el debate sobre la legalidad de las actuaciones del Presidente en la campaña electoral. Otra cosa es el efecto que la confrontación creciente está teniendo en la opinión, y en la reacción que producirá la espera en los candidatos y partidos no afectos a la reelección. Entonces será fácilmente previsible la escalada de una contienda en la cual, y como ya está ocurriendo, el objetivo será la descalificación del Presidente, que tiene todo el derecho a hacer campaña para ser reelegido, y de la Procuraduría, que tiene la obligación de vigilar la actuación de los funcionarios del Estado y garantizar hasta donde sea posible que no sea usado el patrimonio público, la nómina oficial o el poder para desviar la voluntad popular. Hay pues un debate que puede causar daño si no se le pone límites, producto a su vez de la inexperiencia de nuestro país en el asunto. Y la fórmula, más que pedir que se legisle sobre la reelección en forma exhaustiva o desgastarse en discusiones eternas que solo llevan a exacerbar los ánimos, está en buscar un acuerdo para garantizar tanto los derechos del presidente Santos como la neutralidad que debe tener el Estado a lo largo de la campaña que culminará en seis o siete meses. Para ello es necesario buscar en lo posible un acuerdo que permita cumplir los propósitos que tiene la Constitución, esto es, permitir la reelección inmediata del Presidente de la República y garantizar que sus atribuciones y prerrogativas no serán usadas para tratar de manipular la decisión de los colombianos.