Fracaso inaceptable

"Peor aún cuando el fenómeno del clientelismo rampante y furioso se toma los programas de alimentación de los niños que los necesitan, para financiar campañas políticas, para satisfacer clientelas o para robarse los recursos destinados a una de las obligaciones sociales más importantes de las entidades creadas por el Estado de Derecho".

Creados para atender a uno de los sectores cruciales del desarrrollo humano en Colombia, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y otros tantos de similar corte que atiende el Instituto Colombiano de Bienestar Familar, se han convertido en el centro de la polémica que demuestra hasta dónde llegan las garras del clientelismo y la corrupción. Esos programas nacen del propósito más noble que pueda tener cualquier sociedad: nutrir a lo niños y jóvenes que requieren el apoyo del Estado, ante las necesidades y carencias que ocasiona la falta de recursos en sus familias. Es la forma de contribuir a tener una población más sana que pueda acceder a la educación sin las enormes y peligrosas limitaciones ocasionadas por la desnutrición.Para ello se han creado instancias que empiezan por el Icbf para atender a los menores en edad preescolar, pasan por el Ministerio de Educación Nacional y son ejecutados en forma directa por hogares de bienestar, departamentos, municipios y toda la red educativa pública. La idea y el propósito de concatenar a todo el organismo oficial, incluyendo los órganos de control, de inspección y vigilancia, no puede ser más admirable.Pero la realidad es muy otra. Sin entrar en detalles que llevarían a los efectos más escabrosos producidos por la corrupción, el cuadro no puede ser más indignante. Niños que mueren en muchas partes por desnutrición, enormes y complejas organizaciones que se transforman casi a diario para desfalcar los programas que al año suman billones de pesos, y una descoordinación asombrosa entre todos los niveles del Estado, llenan con frecuencia las primeras páginas de las denuncias. Y frente a ese espectáculo, la niñez y la juventud más necesitadas parecen invitados de piedra que ponen el drama pero no reciben las soluciones. Las Contralorías denuncian, la Procuraduría y las personerías lanzan voces de alerta, se anuncian sanciones, se abren investigaciones, pero las reformas a algo que se conoce hace muchos años no aparecen. Cuando la organización estatal no funciona, es casi imposible pedirle al ciudadano que respalde las instituciones creadas para atender sus necesidades. Peor aún cuando el fenómeno del clientelismo rampante y furioso se toma los programas de alimentación de los niños que los necesitan, para financiar campañas políticas, para satisfacer clientelas o para robarse los recursos destinados a una de las obligaciones sociales más importantes de las entidades creadas por el Estado de Derecho. Hoy, el PAE y Bienestar, así como el Ministerio, los departamentos y municipios, están en deuda con la Nación. Con pocas excepciones, la estructura creada para alimentar a los niños y jóvenes que lo requieran, así como el enjambre de entidades de control, vigilancia, interventorías y demás, les deben respuestas a los colombianos. Desde la Guajira hasta el Putumayo, pasando por el Chocó y muchos otras regiones, el sistema falló y quedó en manos de la corrupción que impulsa el clientelismo. Y la crisis no se soluciona con enfrentamientos entre gobernadores, ministros, alcaldes y organismos de control, sino con decisiones para erradicar los males que destruyen una iniciativa tan noble como necesaria para Colombia.