¿Fin a los diálogos?

Aunque los voceros del Gobierno afirmen que la decisión de retirar a los representantes en la mesa de diálogos con el ELN es un trámite “simplemente administrativo”, en la práctica no significa la suspensión sino la terminación del proceso iniciado hace 23 meses en Caracas. La inquietud es qué se va a hacer para enfrentar el que hoy es el grupo de violencia más notorio en Colombia.

La medida era de esperar, si se tiene en cuenta que los contratos de vinculación de los delegados se vencieron el pasado 3 de agosto, y es potestativo del nuevo gobierno prorrogarlos o designar los representantes que a bien tenga. Además, los anuncios del presidente Iván Duque en su campaña hacían prever un cambio obvio en la orientación con respecto a esas negociaciones y al grupo armado ilegal.

Pero los hechos cometidos por el ELN durante los últimos dos meses y sus desafíos verbales fueron demostraciones claras de que su intención no estaba cerca de facilitar un diálogo, sino de imponer condiciones inaceptables para los colombianos. Secuestrar soldados, policías, funcionarios, civiles, menores de edad, así como cometer atentados terroristas o continuar con su vinculación con el narcotráfico no es propio de una negociación para buscar la paz o una muestra de la voluntad de acuerdo para superar las diferencias y lograr la reincorporación a la sociedad.

Esa suma de razones lleva a considerar como obvia la decisión que dio a conocer el Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia. Es la consecuencia del reto que significa el haber aumentado los hechos de violencia y la violación de los derechos humanos, así se insista en decir que se tiene intenciones de negociar y de buscar el acuerdo que termine el conflicto. Y es la respuesta natural al mensaje equívoco de aumentar las demostraciones de poder para tratar de medir las intenciones de la contraparte, en este caso, el Estado legítimo.

Queda pues roto el diálogo, así se mantenga la intención de los países facilitadores y de los garantes de la negociación de mantener el esfuerzo. Ni siquiera las liberaciones de los últimos días, al parecer logradas luego de un intenso forcejeo de los máximos jefes del ELN con los de las agrupaciones que lo conforman, pueden tomarse como una manifestación incuestionable de la voluntad de mantener el esfuerzo para lograr una paz negociada.

Lo que sigue es entonces conocer lo que el Gobierno Nacional hará para enfrentar la amenaza de un grupo para el cual los ciudadanos del común son objetivos militares y el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro son actividades normales. Y qué podrá hacer para impedir que el gobierno de Venezuela siga permitiendo que el territorio de su país sea el refugio de quienes practican esos y otros muchos delitos, tanto en Colombia como contra los venezolanos.

También debe hacerse claridad sobre cómo enfrentará el azote del terror y la criminalidad que practican quienes se amparan en la sigla del ELN para cometer toda clase de conductas ilegales. Y cómo va a reaccionar el Estado contra lo que es un desafío criminal disfrazado de política.
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