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¿Estado de Derecho?

"Lo que está ocurriendo en las montañas del Cauca no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Si bien se debe reconocer la prudencia con que han actuado los militares desalojados y la tolerancia con que actúa el Gobierno, los hechos son el desconocimiento del ordenamiento jurídico de nuestro país, que demanda la respuesta firme de las autoridades".

18 de julio de 2012 Por:

"Lo que está ocurriendo en las montañas del Cauca no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Si bien se debe reconocer la prudencia con que han actuado los militares desalojados y la tolerancia con que actúa el Gobierno, los hechos son el desconocimiento del ordenamiento jurídico de nuestro país, que demanda la respuesta firme de las autoridades".

A empellones y ultrajando a los soldados que prestan allí un servicio a todos los colombianos, la llamada guardia indígena cumplió ayer su amenaza de desalojar los territorios en los cuales la Fuerza Pública tiene que hacer presencia para rechazar y combatir el narcotráfico y el terrorismo. Así los dirigentes indígenas que encabezan la protesta traten de disimularlo, lo ocurrido en las montañas de Miranda, en Toribío y en la carretera que comunica a Miranda y Corinto se constituye en un claro desacato a las instituciones. Por si no se recuerda, el Estado de Derecho es la razón por la cual la Nación ha reconocido condiciones especiales para las minorías étnicas. Pero no las autoriza a pasar por encima de la ley, a agredir a los soldados, quemar sus pertenencias y desairar los principios más elementales de una democracia. Además, y como si fuera poco, desconocen la expresión de decenas de miles de colombianos que si bien no pertenecen a las etnias, viven en la zona en conflicto en iguales o peores circunstancias porque carecen de los apoyos que las instituciones jurídicas y las organizaciones oficiales les otorgan a las comunidades indígenas. Ellos, encabezados por las autoridades civiles de la región que fueron elegidas por la voluntad popular, reclaman la presencia de la Fuerza Pública. Si es necesario, hay que repetirlo hasta el cansancio: señores dirigentes indígenas, los enemigos no son los soldados y policías que ustedes hoy maltratan. Ellos están en el Cauca para proteger a sus habitantes del terror de las Farc, de sus negocios ilícitos y de la amenaza que significan para la vida de quienes habitan la martirizada región. Y para ejercer la soberanía, que significa asegurar la vigencia y el respeto de la Constitución Nacional en cada metro de la geografía colombiana. Lo que está ocurriendo en las montañas del Cauca no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Si bien se debe reconocer la prudencia con que han actuado los militares desalojados y la tolerancia con que actúa el Gobierno, los hechos son el desconocimiento del ordenamiento jurídico de nuestro país, que demanda la respuesta firme de las autoridades. Una cosa es que se proteste y se le reclame al Gobierno por las difíciles situaciones que deben padecer compatriotas como los indígenas del Cauca y los cientos de miles de ciudadanos sin distingo alguno. Pero otra muy distinta y muy grave es desconocer la ley y causar afrentas a los servidores públicos que a diario ponen en riesgo su vida para garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Eso es abusar de las prerrogativas que les otorga el Estado, y desconocer las responsabilidades que rigen a toda la Nación. Y obliga a reclamar del Gobierno un cambio de actitud para terminar con unas acciones que ya no pueden considerarse como el libre ejercicio del derecho a disentir y protestar. Bienvenido el dialogo, el reclamo democrático y la prudencia de las autoridades. Pero todo ello debe tener límites: el respeto que merecen los soldados y policías y el que establecen la Constitución y las Leyes que deben acatar y respetar todos los colombianos.

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