Entre el derecho y el abuso

Los camioneros deben ser conscientes del daño que causan y adquirir un compromiso con los colombianos de no volver a usarlos como rehenes en caso de que los gobiernos no cumplan los compromisos.

Terminó el paro de los camioneros dejando una estela de enormes pérdidas para el país. Como en las anteriores oportunidades, se produjo un acuerdo que levanta el chantaje, pero que no parece ser la solución definitiva que impida su repetición.Sin duda, el sector tiene graves problemas, muchos de ellos estructurales. Son hechos que empiezan por el exceso de oferta, producido por una política de transporte poco clara y termina en hechos de corrupción que son denunciados cuando se produce la protesta, vinculando a algunos de los promotores en esas acusaciones. Y en medio, está la necesidad de ofrecer estabilidad para los trabajadores del gremio. Pero al otro lado está el resto del país que termina siendo rehén de un movimiento que empieza siendo una protesta social digna de respeto, transformándose en atentados y amenazas contra los transportadores que no se suman al paro. El efecto es también la creación de una escasez artificial de productos de primera necesidad, lo que da pie a la especulación, perjudicando tanto a los productores como a los consumidores. Así, la inflación se convierte en aliada de un movimiento que nace de las demandas de un sector pequeño pero importante, mientras la economía es golpeada y el Gobierno debe recurrir a la Fuerza Pública. Todo ello crea una sensación preocupante que afecta a todos los colombianos, la de que son apenas fichas de un juego de largo plazo entre los transportadores en paro, que exigen basados en su poder de obstruir la actividad nacional, y unas autoridades que en muchas ocasiones no pueden atender esas exigencias. Ese juego tiene que terminar. Por supuesto, la solución empieza por tratar de resolver los problemas estructurales y por desterrar la corrupción. Así mismo, los camioneros tienen que reconocer que hay asuntos que no pueden ser resueltos y otros que toman tiempo. Y, ante todo, que el derecho a la protesta democrática no puede ser interpretado como la facultad de paralizar la circulación de bienes y productos, aprovechando que se tiene el control de un servicio público estratégico para Colombia.El pasado viernes se logró levantar el paro camionero mediante un acuerdo calificado por el presidente Juan Manuel Santos como equilibrado. Sin embargo, los puntos acordados recuerdan los que se han firmado para terminar los últimos cuatro o cinco movimientos de los años anteriores. Revisar costos, procurar por una política que atienda las necesidades de transporte del país y evite la corrupción, propender por la estabilidad laboral y el mejoramiento de las condiciones de los transportadores, son entre otros los puntos sobre los cuales se levantó el paro. Sin embargo, los camioneros deben ser conscientes del daño que causan y adquirir un compromiso con los colombianos de no volver a usarlos como rehenes en caso de que los gobiernos no cumplan los compromisos adquiridos. De lo contrario, estarán obligando a que se use la fuerza y a que se reclame el impulso a otras formas de transporte como el ferrocarril para impedir que sus reclamos, justos en muchos casos, terminen perjudicando a toda la Nación.