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Enfermedades de la Salud

"Todos queremos un servicio de salud eficiente y de calidad a través de la sana competencia. Pero no es lo que está pasando y los colombianos se sienten cada vez más desprotegidos porque se les niega el acceso a la salud".

30 de abril de 2011 Por:

"Todos queremos un servicio de salud eficiente y de calidad a través de la sana competencia. Pero no es lo que está pasando y los colombianos se sienten cada vez más desprotegidos porque se les niega el acceso a la salud".

Las denuncias sobre irregularidades, desfalcos y hasta pactos secretos para lograr beneficios económicos, tienen a las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, en la mira de las entidades de control. Y llevan a cuestionarse si el Sistema está cumpliendo con su función de velar por el bienestar de la población, o se ha desfigurado por el afán de hacer de la salud un negocio antes que un derecho para los colombianos. Aún no se le ha explicado al país por qué los recobros que hacen las EPS al Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, por medicamentos y procedimientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, aumentaron en un billón de pesos entre el 2009 y el 2010. Y ahora sale a la luz pública un nuevo interrogante. Es el pacto que, según la Superintendencia de Industria y Comercio, habrían hecho 14 de las más grandes de esas entidades para negar tratamientos que por ley deben realizar a través del POS. A la lista de irregularidades se suman las investigaciones a 22 de las 72 EPS por el incumplimiento en la entrega de información sobre procedimientos, medicamentos e insumos que les han entregado a sus afiliados, un proceso de control que debería hacerse en el último mes del año y lleva ya cuatro meses de retraso. Y está el cúmulo de tutelas falladas a favor de los pacientes, que en un 54,9% de los casos corresponden a tratamientos que deben garantizar esas entidades por estar incluidos en el POS.Cuando se creó el sistema nacional de salud mediante la Ley 100 de 1993, se buscó vincular a la empresa privada para evitar los problemas que tenía el régimen anterior, en el que el Estado asumía toda la responsabilidad. Es bien conocido que, además de no lograr la cobertura necesaria ni llegar a la población de más escasos recursos, ese formato se hundía en la ineficiencia y la burocracia. La propuesta tuvo resultados benéficos, como lograr que la mayoría de los colombianos pudieran afiliarse a una prestadora de salud a través del régimen contributivo o del subsidiado. Pero también aparecieron desviaciones, por cuanto apareció el explicable interés de lucro de cualquier empresa privada. Lo que ha pasado desde hace unos años, es el afán de salvar sus finanzas, lo que ha terminado por afectar la atención de la salud de los ciudadanos, en especial de los más necesitados.No se trata de decir que la iniciativa privada no sirve. Todos queremos un servicio de salud eficiente y de calidad a través de la sana competencia. Pero no es lo que está pasando y los colombianos se sienten cada vez más desprotegidos porque se les niega el acceso a la salud. Ello ha llevado a que se abuse de las acciones de tutela, y a que los jueces actúen como médicos, cuando su deber es impartir justicia. El sistema de salud colombiano no está funcionando como lo planteó en principio la Ley 100. Dieciocho años después de creado y unos meses después de su última reforma, ya es tiempo para que terminen los enredos de la salud. No hay que olvidar que se trata de un derecho fundamental que debe estar por encima de los afanes de riqueza.

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