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Empieza la tarea

A partir de hoy, las iniciativas que se presentaron deberán cumplir el trámite que exige la ley para convertirlas en medidas efectivas que prevengan la hasta ahora recurrente presencia de los actos inmorales y antiéticos dirigidos a afectar los recursos públicos, que deberían ser destinados a satisfacer las necesidades de los colombianos y de los organismos creados para el efecto por la Constitución.

19 de septiembre de 2018 Por: Editorial .

Rodeado de los representantes de los partidos y grupos que respaldan el propósito, el Presidente de la República presentó ayer ante el Congreso ocho proyectos de ley en los cuales están consignadas las iniciativas legales para combatir la corrupción. Así se inicia lo que debe ser una de las respuestas que demanda Colombia para desterrar los vicios que han destruido mucho la confianza pública y la credibilidad en el Estado y sus instituciones.

Lo llamativo de esta movilización encabezada por el Primer Mandatario es que se produce a pesar de la derrota electoral que sufrió la consulta sobre la materia, el pasado 26 de agosto. No obstante ese resultado adverso, el Gobierno y con él la inmensa mayoría de los partidos con asiento en el Legislativo entendieron el clamor que significaron los 11.671.420 votos que acompañaron esa consulta, resultado claro e innegable de la indignación que vive la Nación contra el fenómeno.

En ese propósito, se establecieron las mesas técnicas del caso para presentar a la mayor brevedad lo que debe ser una cruzada para rescatar la decencia. A partir de hoy, las iniciativas que se presentaron deberán cumplir el trámite que exige la ley para convertirlas en medidas efectivas que prevengan la hasta ahora recurrente presencia de los actos inmorales y antiéticos dirigidos a afectar los recursos públicos, que deberían ser destinados a satisfacer las necesidades de los colombianos y de los organismos creados para el efecto por la Constitución.

Los seis proyectos que tienen directa relación con la lucha anticorrupción se dirigen a prohibir cualquier tipo de prebenda, de beneficio o de perdón a quien sea acusado o condenado por actos corruptos; a imponer drásticas inhabilidades para quien haya sido condenado por delitos contra el patrimonio público, sea funcionario o particular; a establecer pliegos únicos de contratación que eviten las preferencias que dan paso a los desfalcos; a darle transparencia a los presupuestos del orden nacional, departamental y municipal y a requerir la rendición de cuentas sobre su ejecución; y a exigirle a los congresistas que entreguen cuentas públicas sobre su gestión como voceros de la voluntad popular.

El Presidente presentó también las propuestas para limitar el número de períodos que pueden ser reelegidos los miembros de los cuerpos colegiados, y el que rebaja los salarios de los congresistas y funcionarios cuyos emolumentos dependen del fijado para los legisladores. Son iniciativas que serán polémicas por su contenido político y que no pueden tratarse en un mismo bloque para evitar que interfieran con el trámite de las que sí se relacionan con el combate a la corrupción.

Así se inicia una de las más cruciales actuaciones para rescatar el manejo de los recursos públicos y de los asuntos oficiales del latrocinio que se queda con diez billones de pesos al año. Y aunque no está dentro de las propuestas radicadas, ese propósito debe incluir la actividad privada. Con ello se debe lograr que la ética se imponga como guía para la protección de los intereses públicos y particulares en Colombia.

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