Emcali: ahora, ¿qué?

"Le corresponde a la Superintendencia, como entidad interventora..."

No podía ser más preocupante la forma precipitada en que se suspendió la licitación con la cual se pretendía vender un porcentaje de Telecali, paso fijado como indispensable por la Superintendencia de Servicios Públicos para acabar el proceso de rescate de Emcali y terminar la intervención de la empresa de servicios públicos de la ciudad.Según se ha podido saber, la entidad interventora decidió suspender el proceso ante la inminente posibilidad de que los dos proponentes no presentaran oferta el día de cierre de la licitación. La causa parece ser su inconformidad con la carga salarial que significaban los 558 empleados y funcionarios que conforman la planta de personal, y las prestaciones sociales de las que disfrutan en la actualidad. Cabe agregar que del tamaño de esa nómina debieron excluirse los 280 funcionarios de las otras dependencias de Emcali que fueron trasladados desde enero pasado, ante el inconveniente que tal decisión produjo en el proceso licitatorio.Pero también se debe considerar que en la dificultad para adelantar el proceso ha pesado la demora en definir la búsqueda de un socio para afrontar la amenaza de la competencia y el hecho cierto de que Emcali carecía de recursos para actualizar la tecnología en materia de comunicaciones. Esa fue una propuesta discutida por tres largos años, a cuya aprobación se le atravesaron toda suerte de discusiones ideológicas y de intereses políticos. Tiempo en el cual el negocio de las comunicaciones dio un vuelco, afectando de manera importante la capacidad de negociación de Emcali. Así se repitió el fracaso que experimentó la Empresa de Teléfonos de Bogotá en su búsqueda de socios para responder al desafío de la competencia.Si bien la licitación sólo ha sido suspendida, ahora le corresponde a la Superintendencia como entidad interventora que tiene el control sobre Emcali explicarle a la ciudad qué va a hacer para superar el impasse que se atraviesa a la búsqueda del socio en Telecali. Sin duda, los proponentes tienen derecho a pedir cosas como que los dejen usar su marca desde el momento mismo de la adjudicación y no a los tres años como está en el pliego. Pero tampoco hay duda que Cali no puede propiciar la masacre laboral que significaría el liquidar a todos los funcionarios de Telecali, como lo han sugerido.Más importante aún es aclarar de una vez por todas en qué estado está la intervención de la empresa de servicios públicos. A nadie puede escapársele que ya se van a cumplir once años de esa intervención con fines de liquidación, algo insólito en el mundo, transformándola de la fórmula salvadora que fue a un obstáculo innegable. Es tiempo entonces que se produzca un acuerdo para desmontar la intervención, sobre la base de un acuerdo de gobernabilidad con la Administración Municipal que blinde a la empresa de los vicios clientelistas que la tuvieron al borde de su desaparición. Y el reto es que la ciudad retome el manejo de su activo más importante. Ese paso es necesario, ante el limbo en que se encuentra hoy Emcali.