El zar de los tamales

Hace siete años comenzaron las acusaciones contra Germán Trujillo por irregularidades en el suministro de los refrigerios escolares. Aunque hay evidencias de los delitos que cometió y pese a permanecer cinco meses fugado de la Justicia luego de que se emitiera la orden de captura en su contra, acaba de recibir casa por cárcel y podría beneficiarse con reducción de pena por entregar parte de los recursos de los cuales se apropió.

El ‘zar de los refrigerios’, como se le llama ahora, no sólo deberá responder por manejos inadecuados de los dineros destinados a la alimentación escolar en 82 municipios del departamento de Santander, sino por los hechos fraudulentos en los que incurrió y de los cuales confesó una parte. No de otra forma se puede calificar que entre la ‘comida balanceada’ incluyera el suministro de tamales a un costo unitario de $30.000, que además no fueron repartidos y cuyo pago se justificó con facturas expedidas por talleres automotrices o servicios de grúa.

Aunque las evidencias dejan pocas dudas y pese al tiempo que duró evadiendo la Justicia, para el Juez que lleva el proceso fue suficiente con que Trujillo devolviera $2.283 millones del contrato por $35.700 millones que se le adjudicó y por eso le dio casa por cárcel. Ni siquiera consideró importante el grave daño que le produjeron a la sociedad los innumerables delitos cometidos por el defraudador, por lo cual le otorgó el polémico beneficio.

Tampoco se preocupó por saber dónde está el resto de la enorme suma que se perdió, o por definir la suerte de quienes se confabularon con el acusado para quedarse con la plata destinada a alimentar a los menores que en muchos casos sólo tienen ese alimento en el transcurso del día. Para el juez, lo que importa es rodear de garantías y de comodidades a quien causó un grave daño al patrimonio nacional, a la confianza pública y a los niños de Santander.

Y no existe todavía una investigación seria sobre la forma en que el ‘zar de los tamales’ tuvo acceso al contrato, quién ha apadrinado sus relaciones con el Estado, qué funcionarios están involucrados en el latrocinio y quién autorizó que se pagaran las cifras escandalosas que han sido reveladas. Al parecer, lo que importa es ofrecerle gabelas que permiten su fuga como ha ocurrido en innumerables ocasiones antes que proteger el interés público, ayudar a los niños.

Decisiones como esa son las que destruyen la fe de los colombianos en su democracia, en su dirigencia política y en el papel del Estado como guardián de los impuestos que paga. Con ello también incentivan la creencia de que el delito sí paga y hacen perder la confianza en la administración de Justicia, suficientemente cuestionada por sus erráticos procedimientos tanto como por las controversias que hoy afectan a las Altas Cortes.

Mientras se permita que los recursos públicos sean manejados sin controles y transparencia, mientras se le entreguen a personas o empresas inescrupulosas que sólo pretenden lucrarse de ellos y mientras la Justicia no actúe como es su deber, será imposible acabar con el veneno que más daño le hace al país: la corrupción.
​