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El sueño de la paz

Cuando se filtró el ‘Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, que durante seis meses se cocinó con la participación de los gobiernos de Venezuela y Cuba y el apoyo de Noruega. Con él, las Farc recuperaron una especie de reconocimiento político por parte del Estado. Es un acuerdo sobre cinco puntos de trabajo con reglas de juego establecidas, que según el presidente Santos no puede durar más allá de noviembre del 2013, y donde el principal compromiso es la reserva de las partes.

30 de diciembre de 2012 Por:

Cuando se filtró el ‘Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, que durante seis meses se cocinó con la participación de los gobiernos de Venezuela y Cuba y el apoyo de Noruega. Con él, las Farc recuperaron una especie de reconocimiento político por parte del Estado. Es un acuerdo sobre cinco puntos de trabajo con reglas de juego establecidas, que según el presidente Santos no puede durar más allá de noviembre del 2013, y donde el principal compromiso es la reserva de las partes.

El 2012 culminó con la expectativa de un proceso instalado en La Habana, donde delegados del Gobierno Nacional y las Farc dialogan de nuevo sobre las posibilidades de lograr un acuerdo para desmovilizar ese grupo, la guerrilla más antigua y anacrónica del planeta. Lo que no significará por sí solo la llegada de la paz a Colombia. Los diálogos fueron quizás la más grande sorpresa política del año que termina. Aunque se rumoraban los acercamientos y el presidente Juan Manuel Santos insinuaba que algo estaba sucediendo, el lenguaje que usaba el Gobierno en su conjunto y la agresiva práctica del terrorismo que usan las Farc para aparentar una fortaleza que ya no existe, hacían prever una larga temporada para el conflicto que ya completa cincuenta años. Más aún, el recuerdo de los fracasos producidos por las mentiras y engaños de la guerrilla han creado en la Nación una barrera de escepticismo difícil de superar. Pero ocurrió lo inesperado, cuando se filtró el ‘Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, que durante seis meses se cocinó con la participación de los gobiernos de Venezuela y Cuba y el apoyo de Noruega. Con él, las Farc recuperaron una especie de reconocimiento político por parte del Estado. Es un acuerdo sobre cinco puntos de trabajo con reglas de juego establecidas, que según el presidente Santos no puede durar más allá de noviembre del 2013, y donde el principal compromiso es la reserva de las partes. Por supuesto, la polémica no se hizo esperar. Desde quienes no aceptan ningún tipo de acercamiento con la guerrilla y acusan de traición al presidente Santos por los diálogos con el grupo armado que más daño y muerte ha causado a la Nación, hasta quienes sólo piensan en la negociación como única alternativa, el país se inundó de opiniones, apoyos y descalificaciones que se reflejan en las encuestas sobre favorabilidad del Gobierno o sobre el escepticismo y credibilidad del nuevo intento por lograr una solución política. Hoy, el país está experimentando una tregua unilateral de dos meses decretada por las Farc y que es rota con frecuencia por sus miembros, mientras sus voceros en La Habana desempolvan la retórica tradicional con la cual pretenden justificar la violencia y los nexos que los unen a empresas criminales como el narcotráfico y negocios macabros como el secuestro y la desaparición. Y mientras se convoca también de manera sorpresiva a un foro para escuchar propuestas sobre la política agraria y el desarrollo rural, los colombianos expresan su escepticismo creciente. Así va pues el diálogo entre el Gobierno y las Farc. Sin duda, lograr un acuerdo para su desmovilización será un gran paso en el camino de alcanzar la paz para Colombia. Pero quedará faltando el esfuerzo supremo por erradicar todas las formas de violencia que azotan a los colombianos en los campos y los centros urbanos. Es decir, aún faltará la decisión de imponer en todo el territorio nacional el acatamiento del Estado de Derecho y la democracia como presupuestos para alcanzar una paz verdadera y confiable.

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