El rumbo de la Justicia

editorial: El rumbo de la Justicia

"El daño que causa el caso de los empleados judiciales capturados en Bogotá es enorme. Pero más aún lo es el anuncio que en su momento expresó algún funcionario, diciendo que situaciones idénticas se viven en otras ciudades del país, como si se tratara de una cacería de una organización de criminales comunes. ¿Acaso no saben que lo que denuncian es el reconocimiento de una enfermedad endémica que golpea la fe en la democracia como es negociar la majestad de la ley a cambio de dinero?"

El rumbo de la Justicia

Octubre 24, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"El daño que causa el caso de los empleados judiciales capturados en Bogotá es enorme. Pero más aún lo es el anuncio que en su momento expresó algún funcionario, diciendo que situaciones idénticas se viven en otras ciudades del país, como si se tratara de una cacería de una organización de criminales comunes. ¿Acaso no saben que lo que denuncian es el reconocimiento de una enfermedad endémica que golpea la fe en la democracia como es negociar la majestad de la ley a cambio de dinero?"

Reformas, cambios estructurales que empiezan desde la formación misma de los jueces de la República. Todo se ha pedido en Colombia ante la grave crisis que padece el sistema judicial y la consecuente pérdida de credibilidad del Estado como árbitro de la sociedad, en particular de la Justicia como encargada de hacer cumplir la ley, protectora de los derechos constitucionales y garante de la convivencia entre los ciudadanos. Pero poco se ha logrado. A cambio, escándalos como los jueces y funcionarios de la rama capturados bajo acusación de estar involucrados en la venta de libertades y excarcelaciones, o la continua y desapacible confrontación entre magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, están a la orden del día. Y qué decir de los forcejeos permanentes por el poder que otorga la capacidad de elegir o nombrar los altos cargos del sector, o de la tragedia que padecen sus funcionarios para administrar justicia en ciudades como Cali, donde cinco años después no ha sido posible dar al servicio un sitio digno y adecuado para cumplir una de las obligaciones más importantes del Estado democrático. El daño que causa el caso de los empleados judiciales capturados en Bogotá es enorme. Pero más aún lo es el anuncio que en su momento expresó algún funcionario, diciendo que situaciones idénticas se viven en otras ciudades del país, como si se tratara de una cacería de una organización de criminales comunes. ¿Acaso no saben que lo que denuncian es el reconocimiento de una enfermedad endémica que golpea la fe en la democracia como es negociar la majestad de la ley a cambio de dinero? No, estos no son delincuentes comunes y corrientes y su actuación destruye la credibilidad de las instituciones, dando motivos para que se imponga la justicia por mano propia o el imperio de la ley del más fuerte por encima del Estado de Derecho. Mientras los malhechores se benefician de la inmoralidad y la corrupción, fácil es imaginar lo que deben estar pensando ahora los ciudadanos de bien sobre la Justicia. Y en tanto eso ocurre, los encargados de administrar la Rama judicial son afectados por escándalos como el llamado carrusel de las pensiones, o las otras Cortes se convierten en escenarios de disputas que llevan a impedir el nombramiento de Magistrados y a producir largas vacancias en los cargos más importantes de ese Poder público.Infortunadamente, hoy nada hace pensar que se están tomando las decisiones necesarias para enderezar la nave de la justicia que parece a la deriva en medio de tempestades como la violencia, las múltiples formas de delincuencia y las dificultades del Estado para enfrentar esos desafíos. Es que la morosidad en resolver los conflictos civiles entre los particulares, así como en los litigios contra la administración pública, colmaron ya la paciencia de los colombianos. Y si a eso se suman la impunidad y la corrupción que está detrás de la organización criminal destapada en algunos juzgados de Bogotá, hay razones más que suficientes para exigir que se enderece el rumbo de la Justicia como requisito para alcanzar la paz y la armonía que reclama Colombia.

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