El robo a Cartago

"Ahora, Cartago no sólo no tiene las obras que le prometieron sino que está forzado a negociar acuerdos de pago con sus acreedores. Es por lo menos alarmante que el municipio deba pagar $18.000 millones en los próximos cuatro años y la deuda total ascienda a $70.000 millones. Pero más llamativo es que las entidades de control no hayan tomado cartas en un asunto donde se comprometió de manera descarada y afrentosa el patrimonio público".

Cartago anda buscando $50.000 millones que la administración anterior, cuyo alcalde se encuentra prófugo, comprometió en un plan de obras que no se ven por parte alguna. Es la reiteración de lo que sucede cuando la corrupción se junta con la política y el narcotráfico para tomarse los gobiernos. La historia la narró nuestro semanario Cartago Hoy. Allí se da cuenta de cómo el señor Germán González Osorio, hoy evadido de la Justicia por otros asuntos no menos dañinos para el interés público, se inventó un plan de inversiones que sería financiado apelando a la figura de las vigencias futuras, siguiendo el ejemplo del destituido ex gobernador Juan Carlos Abadía.Cuatro créditos por $31.000 millones tomó entonces la Administración Municipal, que supuestamente se invertirían en programas como el plan de aguas, la construcción de puentes, alcantarillados, vías peatonales y redes de servicios públicos, así como el estudio de factibilidad y diseño de una planta de tratamiento del acueducto. Sin duda un ambicioso plan que en teoría debería modernizar a Cartago, la ciudad más importante del Norte del Valle. Pero algo muy distinto sucedió, a juzgar por las denuncias que se conocen. Según documentos gráficos, obras como la canalización del zanjón Lavapatas que forma parte del Plan de Aguas nunca se realizó. Así mismo, colegios como El Ciprés quedó inconcluso mientras vías principales como la Carrera 5 aún no han sido intervenidas. Es decir, los proyectos que propuso el exalcalde fugitivo fueron usados para convencer a los cartagüeños de las bondades y para conseguir los enormes créditos que hoy, y durante los próximos 11 años, agobiaran las de por sí decaídas finanzas municipales. Basta con saber que el Municipio tiene deudas exigibles por más de $15.000 millones para entender el desastre que significa el endeudamiento que le autorizó el Concejo a la anterior administración sin preguntar por qué se produjo semejante descalabro. Y cuál fue el estudio sobre la capacidad de endeudamiento de Cartago para entregarle los $31.000 millones que, con toda seguridad, no podrán pagarles sin sacrificar la inversión social a que está obligado cualquier gobierno. Ahora, Cartago no sólo no tiene las obras que le prometieron sino que está forzado a negociar acuerdos de pago con sus acreedores. Es por lo menos alarmante que el municipio deba pagar $18.000 millones en los próximos cuatro años y la deuda total ascienda a $70.000 millones. Pero más llamativo es que las entidades de control no hayan tomado cartas en un asunto donde se comprometió de manera descarada y afrentosa el patrimonio público. Esa es la consecuencia de la democracia entendida como la facultad de hacer lo que se quiera con los intereses comunes y no como la obligación de servir a todos los ciudadanos. Y de ignorar el daño que durante años le han causado a municipios como Cartago la alianza entre la corrupción, el clientelismo y el narcotráfico. Hoy, el desfalco cometido está impune, el ex alcalde anda prófugo y los cartagüeños esperan que el Estado haga justicia castigando a los culpables del latrocinio. ¿Hasta cuándo?